El anuncio realizado por el Gobierno sobre la ampliación a 67 años de la edad de jubilación ha abierto una polémica en la que unos y otros no dicen nada más que medias verdades, en lugar de explicar a los ciudadanos el problema en su totalidad porque, probablemente, entonces exigirían a los políticos y a los sindicatos unas cuentas que estos no quieren pagar; pues, en realidad, son ellos los responsables del desastre que ya está viviendo el sistema de protección social por su empeño de mantenerlo en el ámbito estatal, contra viento y marea, en lugar de haber promovido el cambio a un sistema privado o, cuando menos, a uno mixto. Problemas que, además, se agravan porque la desastrosa política económica y de empleo de Zapatero ha adelantado en diez años el momento del comienzo de la crisis de la Seguridad Social y la intensidad de la misma. Por eso conviene hacer algunas matizaciones a lo que se está diciendo.
Empecemos por Octavio Granados. El secretario de Estado de Seguridad Social acaba de amenazar con que si no se amplía la edad de jubilación, las pensiones, entonces, tendrán que recortarse. Lo cierto, sin embargo, es que el retraso en la edad de retiro, incluso aunque se llevara a los 70 años, tal y como contempla el Pacto de Toledo, no va a impedir que las pensiones bajen, no las actuales, pero sí las futuras, porque el problema reside en el modelo en sí mismo –las cotizaciones de hoy pagan las pensiones de hoy; como crece el número de jubilados en relación al de trabajadores, no hay dinero bastante para mantener equilibrado el modelo–, no en el momento de abandono de la vida laboral. Desde esta perspectiva, el retraso en la edad de jubilación no es más que un parche que contiene el incremento del gasto, pero no en su totalidad, por lo cual es necesario adoptar medidas adicionales, como la ampliación a toda la vida activa del periodo de cómputo de la pensión, también contemplada en el Pacto de Toledo, que implica ni más ni menos que bajar las pensiones de mañana en relación con lo que se cobraría hoy. O sea, que vamos a trabajar más para ganar menos, sólo que las pensiones que se recortarán serán las futuras, no las actuales, pero bajarán, no le quepa la menor duda.
Segunda verdad: el papel de los sindicatos. UGT y CCOO amenazan con romper la luna de miel con el Gobierno si éste aprueba la ampliación de la edad de jubilación. Sin embargo, insisto, esta medida está contemplada en el Pacto de Toledo, pacto en cuya elaboración intervinieron los sindicatos y que después rubricaron, todo con tal de impedir la única alternativa posible, y la más lógica, todo sea dicho: el paso a un sistema privado de capitalización, con cuentas individuales, por el cual cada persona tendría una pensión en función de lo que hubiera cotizado y el Estado complementaría aquellos casos en los que, por sueldos bajos, no se alcanzara un mínimo digno. Esto es lo que habría que haber hecho hace quince años, cuando se abrió el debate sobre el futuro de la previsión social en España, pero los sindicatos se negaron de plano porque, al pasar al sistema privado, o cuando menos mixto –Seguridad Social más planes privados–, perdían el control sobre algo tan apetitoso para ellos como es el sistema público de pensiones. En su pecado, por tanto, ahora llevan su penitencia. El modelo no funciona. Lo sabemos ahora y lo sabíamos antes. Lo que ocurre es que en estos momentos ya es imposible ocultar la verdad por más tiempo y ahora las centrales sindicales quieren desentenderse de un problema que ellas han contribuido a crear. Y lo hacen, sobre todo, porque, como han agotado su crédito ante los ciudadanos debido la complacencia con el Gobierno que manifiestan frente a la escandalosa realidad del paro –para eso el Ejecutivo las unta bien untadas– ahora no pueden defender una medida tan impopular como esa, a pesar de que la firmaron en el Pacto de Toledo. Lo de los sindicatos, al final, no es más que un movimiento estratégico para tratar de salvar los pocos apoyos que les quedan entre la sociedad. Y lo que pretenden es que se suban los impuestos, o las cotizaciones sociales, para arreglar el tema; con lo cual, si se salen con la suya, lo único que provocarán será la destrucción de más empresas y todavía más paro, como si no tuviéramos ya bastante en España, y, con él, más problemas aún para el sistema de pensiones porque habría todavía menos cotizantes, tanto trabajadores como empresas.
Tercera verdad: el papel de las cifras escandalosas del paro en la crisis de las pensiones. Se dice que si se resuelve el problema del desempleo, se arregla también el de las pensiones. Craso error. Lo único que se lograría es retrasar en el tiempo el comienzo de la crisis y hacer que fuera más profunda. Cuando el desempleo estaba en el nivel del 8%, los cálculos señalaban que la Seguridad Social entraría en déficit hacia finales de esta década o principios de la siguiente. Mientras tanto, como habría habido más años de superávit, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, cuya misión sería cubrir ese desequilibrio entre ingresos y pagos, hubiera tenido mucho más dinero y, por tanto, podría haber ejercido su función durante más tiempo. Ahora bien, una vez agotado éste, habría que hacer frente a un déficit mucho más abultado, porque este crece con el tiempo. Es decir, el paro no es el origen del problema, sólo el elemento catalizador del adelanto de la crisis.
Cuarta verdad: no hay margen para financiar las pensiones con la imposición general. El ex ministro socialista, Jordi Sevilla, acaba de proponer que las pensiones se financien con los impuestos generales para resolver el problema de la Seguridad Social. En teoría, efectivamente esto podría hacerse; en la España de Zapatero, no. ¿Por qué? Porque como no ha hecho nada contra la crisis y se ha dedicado nada más que a tirar el dinero a espuertas, ahora tenemos un déficit público galopante y vamos camino de unos niveles de endeudamiento público astronómicos e insostenibles (Barclays estima que en 2012 estaremos en el 132% del PIB). Además, como sigue dando a manos llenas dinero del Estado a las autonomías, para que estas lo dilapiden, al Estado no le va a quedar margen presupuestario más que para pagar sus gastos de funcionamiento y los intereses de la deuda pública. El Gobierno podría solventar esta cuestión recuperando competencias y dineros de las autonomías, pero como Zapatero ha puesto tanto empeño en desmantelar el Estado para ir hacia un sistema confederal, ahora no tiene medios para hacerlo, ni él, ni, posiblemente, quien le suceda en La Moncloa, salvo que vayamos hacia un nuevo pacto constitucional, algo que con ZP parece imposible y que, en cualquier caso, tardaría tiempo en alcanzarse, aprobarse y surtir efecto. Esta es la España que nos deja ZP.