Cuando ya era evidente que la economía española estaba embarcada en una crisis especialmente grave, el Gobierno de Zapatero lo negaba, acusando a quienes nos limitábamos a contarlo de antipatriotas. La excusa, dijeron, es que esos mensajes negativos podían generar desconfianza en nuestra economía y empeorar aún más las cosas. Sin embargo, en aquel momento la confianza no era ningún problema, y negar la evidencia sólo servía para sembrar dudas, por lo demás plenamente justificadas, en la competencia económica del Gobierno; dudas que podrían costarnos caro más adelante.
Es precisamente ahora cuando estamos sufriendo una crisis de confianza. La Unión Europea está viendo con preocupación lo que está sucediendo en Grecia. El país heleno no sólo corre riesgo de quebrar, sino que ha mentido sobre datos macroeconómicos fundamentales, como su déficit real. Pero dado el tamaño de su economía, es un entuerto relativamente menor para la UE, que mal que bien podría superar sin excesivos problemas. Pero los siguientes en la lista son España y Portugal, y nuestro país –por el tamaño de su economía– sí es un grave riesgo para la estabilidad de toda la zona euro.
Así, cuando se han desvelado los tejemanejes de Grecia, los ojos de los inversores de todo el mundo se han fijado en la situación española, y no les ha gustado lo que han visto. La Unión ya parecía haberlo previsto, obligando a Zapatero a tomar medidas que ya eran necesarias al comienzo de su mandato y llevan siendo urgentes desde el inicio de la crisis, en agosto de 2007. Si el Gobierno hubiera reconocido la gravedad de nuestra situación y la absoluta necesidad de tomar medidas, y hubiera abordado con decisión un plan de recorte del gasto, una reforma de las pensiones y otra del mercado de trabajo, sin arrepentirse ni recular al día siguiente ante la reacción de la opinión pública, España podría haber recuperado la confianza de los inversores.
Naturalmente, el Gobierno ha hecho justo lo contrario de lo que debía. Ha presentado parte de las reformas rehusando explicar la necesidad de abordarlas, y dando la impresión de que se echará atrás a la mínima. El espectáculo ofrecido el miércoles por la testaferro de Zapatero en Economía, Elena Salgado, retirando del documento enviado a la Unión Europea en el que se explicaban las medidas que se habían tomado la ampliación en diez años de la base de cálculo de las pensiones, no podía llegar en peor momento. Así, se ha disparado el precio de los seguros (CDS) que adquieren los inversores para protegerse de un posible impago de su deuda por parte del Gobierno español, y el diferencial de tipos con Alemania sigue subiendo, encareciendo nuestro abultadísimo déficit. Y los inversores han castigado con dureza a las empresas de nuestro país en la bolsa, ante el temor de que nuestra economía –acercándose al 20% de paro– no sea capaz de salir adelante.
No más edificante ha sido el espectáculo dado por la oposición, pese a que su parte de culpa sea infinitamente inferior a la del Gobierno. Justo cuando fuera de nuestras fronteras han perdido completamente la confianza en Zapatero es cuando un líder de la oposición responsable debería haber ofrecido al menos la esperanza de que las cosas pueden cambiar en un plazo relativamente corto de tiempo. Sin embargo, no sólo no se ofrece como alternativa, lo único "útil" que puede hacer ahora, sino que se dedica a una crítica populista de las medidas –insuficientes, sí, pero aún así mucho más que todo lo que ha hecho Zapatero en seis años– que los inversores juzgan imprescindibles.
Ante esta situación, no cabe duda de que la Unión Europea seguirá presionando a Zapatero. El riesgo de que quiebre el Estado español, aunque aún bajo, ha dejado este jueves de ser una posibilidad absurda. Lo más probable es que llegue la calma después de la tempestad que estamos viviendo estos días, pues la labor de reducción de nuestra deuda pública durante los gobiernos de Aznar nos da cierto margen. Pero si no fuera así, no cabe descartar incluso que tuviéramos que llegar a negociar un Gobierno de coalición que devolviera la confianza a las instituciones internacionales y los inversores extranjeros, naturalmente sin Zapatero al frente. Sería el final más apropiado para alguien que, siendo incapaz de dirigir una comunidad de vecinos, se puso al frente de una de las diez economías más grandes del mundo. El problema, que su incapacidad la pagaremos todos muy cara.