Las pensiones públicas han saltado a la palestra tras el informe de UNESPA de hace unas semanas y las medidas propuestas por el PSOE. Los políticos de todos los partidos, que tienen pánico a perder votos si dicen la verdad, proponen una reforma ligera pero lo que se necesita es una reforma profunda del sistema.
En España funciona un sistema, llamado de "reparto", mediante el que se detrae a los trabajadores actuales unas cantidades que, por una simple transferencia, se ingresan automáticamente a los actuales pensionistas.
Mientras el número de cotizantes baste para pagar las pensiones actuales no hay problema. Este surge cuando la pirámide poblacional (por baja natalidad y un aumento de la esperanza de vida) se invierte y cada vez hay más pensionistas cobrando durante más tiempo y menos ocupados. Se trata de un esquema piramidal que es, como todos, fraudulento (Madoff, Afinsa, Sofico...), excepto en este caso, pues el Estado no deja que la pirámide caiga, ya sea subiendo los impuestos, bajando las pensiones o una mezcla de ambos.
Ampliar el número de años requerido para cobrar la pensión equivale a reducirla; alargar la edad de jubilación eleva lo cotizado por los trabajadores durante su vida laboral mientras disminuye el total de lo que percibe al jubilarse; trasladar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) parte de la cuota de Seguridad Social equivale a subir los impuestos. Se hizo en su día con la porción asignada a la sanidad y se ha hecho con los "complementos a mínimos". Así los políticos de turno pueden presumir de superávits inexistentes o de solidez de un sistema con pies de barro.
Es decir, un sistema de reparto no puede quebrar ya que el político manipulador recurrirá a retoques como los citados que no van al fondo del problema. Para solucionarlo definitivamente es necesario hacer una transición gradual a un sistema mixto de capitalización con tres pilares como el que propuso hace años el Banco Mundial.
El primero, con cargo a los PGE, asegura una pensión básica para todos aquellos que no alcancen una pensión mínima determinada. El segundo, obligatorio y de capitalización, detraería un porcentaje del salario para que cada trabajador construya su propio fondo de pensiones encargando la gestión a las entidades financieras, públicas o privadas, que él elija. El tercero, también de capitalización, sería voluntario. Este sistema genera tales beneficios para todos que sería urgente iniciar la reforma. Entre otras ventajas quiero citar únicamente nueve:
- Aumento de ahorro: Se sustituyen transferencias corrientes de renta por la creación de fondos de ahorro, aumentando muy significativamente la tasa de ahorro nacional. El impacto que esto puede tener es de gran trascendencia, más aun en estos momentos en que la escasez de ahorro privado se ha reflejado en un déficit por cuenta corriente que, en gran parte, ha agudizado la crisis económica en que nos encontramos.
- Disminuye el control del Estado sobre la economía y crece el protagonismo de la sociedad civil.
- Se despolitiza el sistema de pensiones: La pensión depende de la aportación individual y del esfuerzo personal y no de la voluntad o los intereses de los distintos gobiernos en el poder
- Se impulsa la responsabilidad individual al conectarse los esfuerzos de los trabajadores con los beneficios que van a percibir.
- Supone el paso de una cultura de dependencia del Estado y solidaridad forzada (es decir, de coacción) hacia otra de libertad, responsabilidad individual y cooperación voluntaria (que es la verdadera solidaridad). Cada trabajador diseña su retiro (edad y nivel de jubilación) en función de sus objetivos, estimulando el ahorro y el esfuerzo personal.
- Un sistema de capitalización permitiría reducir apreciablemente las cotizaciones sociales, lo que supone disminuir los costes empresariales, elevar los salarios y aumentar el empleo.
- Se evitan muchas injusticias y situaciones del sistema de reparto que perjudican a aquellos que más han aportado. Hoy día una persona que haya cotizado los últimos 15 años de su vida laboral percibiría la pensión que le corresponda, mientras otra que haya cotizado 30 años pero no los últimos quince años de su vida laboral, percibiría la pensión mínima. Los que hayan cotizado de los 20 a los 60 años, (cuarenta años) y decidan retirarse pierden parte de su pensión.
- Una cuenta de ahorro individual puede ser transmitida en herencia al cónyuge viudo y a los hijos, que con el actual sistema de reparto perciben sólo una parte y se ven expoliados del resto de lo que ha cotizado el marido o la mujer a lo largo de toda una vida de trabajo.
- Se independiza el sistema de pensiones de los problemas de población.
El problema es cómo se transita de un sistema de reparto a uno de capitalización mixto teniendo en cuenta que la deuda implícita en el actual sistema en España es del orden del 180% del PIB. Es decir, es inviable hacer una transición instantánea.
En 1996 el Círculo de Empresarios (CE), presentó una propuesta (puede haber otras muchas) con una transición suave a lo largo de 45 años; propuesta que, con datos actualizados, repitió en 2001 obteniéndose resultados aún mejores.
Además de las ventajas genéricas de los sistemas de capitalización en el caso de la propuesta española se daban algunas adicionales:
- Se garantizaba a los actuales pensionistas que sus pensiones se mantendrían en el futuro sin modificación alguna.
- Los trabajadores que permanecían en el reparto podrían jubilarse de acuerdo con las reglas actuales vigentes y no con reglas futuras que, con toda seguridad, serán peores que las actuales si se mantiene el sistema.
- Se limitaba la deuda fiscal implícita en el sistema de pensiones de reparto y se ofrecía una perspectiva clara para su extinción, a diferencia de la situación actual en la que crece de forma permanente.
- Existía certeza para los empresarios de que las tasas de cotización no seguirían subiendo sino que bajarían progresivamente en la medida que se vaya completando la financiación de la transición hasta llegar a un nivel no superior al 15% (vs. el 26% actual), aumentando así notablemente la renta disponible de los trabajadores (y con ello el consumo y ahorro).
Las únicas críticas que en su día recibió el CE se orientaron hacia tres aspectos sin ningún tipo de apoyo teórico.
Se dijo que el tránsito desde el actual sistema hacia uno de capitalización era inviable dada la deuda implícita existente en el sistema actual (más del 180% del PIB). Jamás existió tal propuesta pues la transición que se planteaba, como dije antes, era de 45 años y no instantánea.
Otros afirmaron que no era posible financiar esta transición ya que habría una generación que tendría que pagar los dos sistemas simultáneamente. Los cálculos que realizó el CE demostraron que la viabilidad financiera no sólo era factible sino conveniente y además se respetaba la libertad de elección de los trabajadores.
Otras críticas se orientaron a denunciar la inseguridad de un sistema de capitalización que se fundamentaba en la inversión en los mercados de valores con el riesgo que ello suponía. De nuevo olvidaban los datos de la realidad mundial. Por un lado, aquellas personas adversas totalmente al riesgo pueden invertir en los llamados TRIPS, (Bonos del Tesoro indiciados con la inflación) que garantizan una rentabilidad superior a la inflación aunque sea en pequeña cuantía (por ejemplo, rentabilidad de IPC+1%). Al tener un carácter acumulativo, el capital inicial va creciendo con carácter exponencial.
Aquellos que deseen invertir en fondos mixtos debían hacerlo en aquellos con unas reglas de comportamiento estrictas y vigilados por el Banco de España. En este sentido, la historia de las bolsas demuestra que con plazos de inversión superiores a 20 años, que son los que se contemplan en un plan de pensiones, la rentabilidad real de una cartera de valores supera en términos reales el 3% acumulativo anual incluso si, cuando se retira el fondo, la bolsa se encuentra en crisis como fue en su día la gran depresión o en la situación actual. Por cierto, la rentabilidad real de los fondos de pensiones en Chile desde 1980 ha sido de un 8% anual acumulativo.
Finalmente, al margen de que en un sistema de capitalización un trabajador se jubila cuando quiere, es obligatorio que el fondo de pensiones a partir de los 55 años se invierta en renta fija para evitar que lo ahorrado en los 30 años anteriores disminuya.
Sorprende que ante la existencia de tantos factores favorables que muestran claramente la superioridad de un sistema de capitalización sobre el actual de reparto, se tropiece con una negativa siquiera al estudio del mismo por parte de las fuerzas políticas y sindicales. Late en el fondo de esta actitud la negación de la propiedad privada del ahorro personal generado a lo largo de una vida de trabajo prefiriéndose, bajo la bandera de la supuesta solidaridad, la expropiación coactiva de los frutos del trabajo de cada uno.