Nos aproximamos inexorablemente a la fecha del sexto aniversario de la masacre de los trenes de cercanías. Nuestros recuerdos hacia los que perdimos en aquella inolvidable fecha del 11 de marzo de 2004, así como a las vivencias de aquellos días, se incrementan más, si cabe, en estos momentos. Sentimientos similares deben experimentar los que vivieron la masacre de forma directa y los que psicológicamente quedaron dañados por la misma. Los actos conmemorativos que, sin duda, protagonizarán los altos dignatarios del Estado, no creo que sirvan ni para enjugar las lágrimas, ni para contribuir a reparar los males producidos por la masacre.
Vengo observando con profunda tristeza que por parte de las autoridades que representan a nuestro Estado de derecho se sigue manteniendo el mutismo y el olvido más absolutos sobre dicho atentado. Los medios de comunicación, salvo excepciones, reflejan fielmente la actitud de sus mentores. Algunos comentaristas políticos siguen hablando sin el menor pudor de Irak y de Al Qaeda como un dogma de fe, ajeno por completo a la sentencia del juicio del 11-M. El Sr. Zapatero, en su fervorosa mañana de oración, ha desperdiciado una ocasión de oro para estrechar los lazos con el presidente Obama a costa de los dos atentados masivos cometidos en sendos días once. Ello no quiere decir que exista paralelismo entre ambos atentados. Igualmente ha dejado pasar la oportunidad de compartir la repulsa al terrorismo con las víctimas de once países, entre los que las víctimas españolas ocupaban un lugar destacado; me refiero al sexto Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo celebrado en Salamanca hace unos días.
Una anécdota reciente del juez Gómez Bermúdez puede ilustrar mi afirmación sobre el olvido del que somos objeto las víctimas y especialmente las del 11-M: En un seminario organizado por el Gobierno (en el marco de la presidencia semestral de España en la UE) afirmó "El olvido es equivalente a injusticia". Dicha injusticia acompaña –inseparablemente– al olvido de que somos objeto. A la salida de la reunión fue preguntado por una periodista sobre su promesa de deducir testimonio de los que mintieron en el juicio de la Casa de Campo; el juez, volviendo la cara, le respondió con un lacónico "hasta luego". La respuesta oficial de todos los responsables de nuestras instituciones ante el mayor atentado terrorista de España y de Europa en nuestra mal denominada democracia.
Se tiene que saber quiénes son las víctimas, sus nombres y apellidos. Y quiénes son sus victimarios. Hay que saber quién murió y quién mató.
La frase que han podido leer la pronunció José María Múgica con motivo del aniversario del asesinato de su padre y de la publicación por Espasa del libro Vidas Rotas. Creo que es fácil de suscribir por cualquier víctima del terrorismo. Aplicándola a los 192 mártires del 11-M; sabemos a ciencia cierta quién murió pero no sabemos el nombre de los que mataron. Perdón por mi error, junto a cada uno de los 192 asesinados sólo podemos poner un nombre (ver sentencia del único juicio del 11-M). ¿Resulta creíble y suficiente lo desvelado hasta ahora de aquella masacre? ¿Qué mente medianamente dotada puede admitir esta respuesta como algo definitivo sobre los que asesinaron a 192 personas? ¿Cómo podemos exigir a nuestro Estado de derecho que complete la lista de los que mataron? La actitud que mantiene el Estado y sus medios de comunicación es un insulto a la inteligencia.
Haciendo un razonamiento muy sencillo, podemos pensar que en un crimen los únicos interesados en ocultarlo son los asesinos. En el caso que nos ocupa, esa actitud la mantienen los que tienen el deber de investigarlo, juzgarlo, condenarlo y prevenir su repetición. Deseo que alguien me explique qué organismos del Estado y qué personas responsables del mismo podrían complementar un vademécum del 11-M con todos los datos que nos faltan para dejar un testimonio verdadero y fiable de lo ocurrido y ocultado hasta el día de hoy. Ello podría publicarse con el título Vidas rotas el 11-M.
Hoy día, las empresas, con el fin de asegurar la fiabilidad de sus cuentas, realizan de forma periódica auditorías de las mismas. En algunos casos las realizan organizaciones independientes y especializadas. Aunque parezca una utopía, yo desearía que algunos organismos internacionales (INTERPOL, Corte de Justicia Internacional, Tribunal de La Haya, Tribunal de Estrasburgo u otros) pudieran realizar auditorías de los diferentes órganos de nuestro Estado en lo que concierne al tratamiento dado al 11-M por los mismos. Igual encontrábamos desviaciones importantes respecto a las normativas y a la praxis tanto en la Investigación Policial como en la Comisión Parlamentaria de Investigación y en el Proceso Judicial. Así podríamos poner en evidencia el lodazal en el que estamos inmersos los españoles y por supuesto nuestro mal llamado Estado de derecho.
Dicen que de sabios es rectificar, pero me temo que nuestro Estado no quiera tener por aliada a la Sabiduría. Por nuestra parte: "Nunca olvidaremos lo inolvidable".