En un artículo anterior, hice una serie de reflexiones acerca de las dos alternativas a las que iba abocado el Sr. Rodriguez Zapatero dada la situación económica española. Las alternativas las cifraba en dos: bien introducir reformas serias y de calado en el mercado laboral, energético, educativo, sistema de pensiones; y, por supuesto, una reducción importante del gasto público, todo ello encaminado a mejorar la maltrecha competitividad de la economía española. O bien, acabará viéndose obligado a sacarnos del euro y devaluar la moneda nacional.
Desde la fecha de publicación de aquella columna, se han multiplicado las opiniones de analistas que abogan por soluciones intermedias. Algunos apuestan por una solución impuesta desde el exterior; no se sabe muy bien si a modo de otros 100.000 hijos de San Luis, o su versión moderna: el FMI; pero estas opiniones sostienen que "alguien" acudirá a poner orden en la economía española, obligando al Gobierno a tomar aquellas medidas que no quiere o no sabe tomar. Otros, por el contrario, piensan que la situación no es tan dramática; que la economía mundial vuelve a reanimarse y que dentro de poco la economía española se reavivará sin que tenga que hacerse nada más. Según estos mismos analistas, no es para tanto; simplemente, "muddle through", adaptación inglesa de: atraviesa como puedas, porque pronto escampará.
Pues bien, los escenarios anteriores son totalmente insostenibles e irremediablemente conducen a que España opte: o aspira a que los trabajadores españoles puedan codearse con los trabajadores alemanes en la Unión Monetaria Europea (UME), o bien abandona el euro. Veamos por qué.
Aquellos que piensan que España es demasiado grande e importante para fracasar dentro de la UME y que, por lo tanto, siempre sería rescatada antes de que quebrara, simplemente, no tienen en cuenta el tamaño de la hipotética operación de rescate. Nuestro país es algo más del 12% del PIB de toda la zona euro, por lo que muy pocos países estarían en condiciones de rescatarnos y, con las tensiones financieras presentes, es cuestionable que los alemanes y franceses se presten al ejercicio. Es más, sus ciudadanos ya han dejado claro que no están dispuestos a dar más ayudas en el caso griego; plantean cuestiones elementales como: ¿dónde fue a parar todo el dinero de los fondos estructurales y de cohesión? ¿Por qué no se utilizaron para situar al país en condiciones de seguir el ritmo competitivo europeo? Es ahí donde se albergan todas las reticencias para rescatar a la economía griega. Si eso mismo lo trasladamos a España, el conjunto de las administraciones públicas españolas necesitan diez veces más financiación que la griega para salir adelante y simplemente no lo aportarán otros países europeos.
Siempre se puede acudir in extremis al Fondo Monetario Internacional. Pero, seamos claros, estas ayudas no son gratis e implican obligaciones y consecuencias para el país. Por un lado, a cambio de la ayuda del Fondo, se exigirá implacablemente que se implanten las reformas de calado que en la actualidad el Gobierno español se niega adoptar. Pero también implica que mediante esta vía podrían ponerse en tela de juicio, y perderse, prerrogativas soberanas en el seno de la UME; pongamos por caso la capacidad de voto en decisiones macroeconómicas y, quizá incluso, el veto a la entrada de nuevos socios en la UE; lo cual dentro de la deriva nacionalista en la que estamos inmersos, dejaría a España sin capacidad de reacción a la solicitud de entrada directa de los mismos.
En cuanto a la posibilidad de atravesar el desierto sin hacer nada, o casi nada, el referido escenario que los economistas llaman "muddling through", lo cierto es que el tiempo para actuar se acorta a pasos agigantados. El último informe de Standard & Poors pone en evidencia que el mercado internacional no cree lo que plantea el Gobierno español. Las maniobras de distracción y paripés del Ejecutivo se materializan en desautorizar la opinión de otro secretario de Estado sobre un asunto de primordial importancia y básico: el sector público se resiste a reducir el sueldo de los funcionarios, una de las partidas más importante que tarde o temprano tendrá que abordar.
Ante esta situación de derrumbe de la credibilidad económica de España, resultado de la gestión económica de nuestro Gobierno, un solo shock más de la economía internacional o nacional volvería a poner a nuestro país contra las cuerdas, y esta vez, los mercados serán mucho más reticentes para dar otra oportunidad sin medidas concretas sobre la mesa. Estamos ante "Se puede engañar a algunos todo el tiempo y se puede engañar a todos algunas veces, pero es imposible engañar a todos todo el tiempo". Al Sr. Rodriguez Zapatero le han tomado la medida y los mercados no perdonan.
España no puede ignorar su creciente brecha de competitividad frente a Alemania. Los años de crédito fácil, que nos permitían endeudarnos sin tener en cuenta nuestra competitividad, se han acabado. Todos los factores competitivos son relevantes en este ejercicio, pero si nos centramos en los costes laborales, en España representan bastante más de la mitad de todos ellos y, desde que entramos en la UME, la brecha de nuestros costes laborales unitarios frente a los alemanes es del 15%, alcanzando el 20% para bienes manufacturados. Así es imposible seguir en el euro, a menos que aceptemos un ritmo de crecimiento por debajo del alemán, semper et eternum, lo cual es inadmisible. Ante esta cruda realidad, la salida de España del euro volverá a plantearse por muy dañina y costosa que pueda parecer a día de hoy.
El camino que España debería seguir es el de implantar inmediatamente reformas de calado. No hace falta ningún pacto para ello puesto que el Gobierno tiene mayoría suficiente para gobernar, aunque evidentemente se facilitaría la tarea mediante un pacto. La reforma del mercado de trabajo es especialmente importante para lograr este objetivo porque, precisamente, si está bien ejecutada, invertirá una tendencia en la productividad de la economía española, estimulando la inversión en el trabajador español, fuente esencial para nuestro futuro bienestar. Es decir, acortemos la diferencia de competitividad con el trabajador alemán y al trabajador español le irá mucho mejor.
Conocido es lo difícil que varios economistas se pongan de acuerdo en sus opiniones, sin embargo, han sido nada menos que 100 los economistas que han suscrito la Reforma del Mercado de Trabajo. Hasta ahora el Sr. Rodríguez Zapatero no ha hecho nada, pero es insoslayable que España acabará teniendo una reforma de mercado; no queda otra salida. Si se hace ahora mismo tendrá un coste, si se hace más tarde con o sin el Sr. Rodriguez Zapatero, el coste será mucho mayor para España. La inercia presente es clave para que un creciente número de analistas cuestionemos que España pueda seguir en el euro.