Acaba de terminar la sexta edición de la "semana del apartheid israelí ", una protesta internacional organizada en universidades de 40 ciudades en contra de la supuesta segregación que Israel impone a los árabes. Se acusa al Estado israelí de tratar a los árabes en territorio nacional como ciudadanos de segunda, y de mantener a los árabes en territorio ocupado bajo un sistema de separación y control muy similar al que aplicara en su día el régimen racista de Sudáfrica. La protesta pretende educar al público y promover el boicot y las sanciones contra Israel.
Hay razones legítimas por las que criticar al Estado israelí, y su sociedad civil es la primera en ejercer autocrítica (el periódico Haaretz, uno de los más influyentes, continuamente da voz a pacifistas y simpatizantes palestinos). La práctica del apartheid, sin embargo, no es una de esas razones.
En 1949 Sudáfrica prohibía el matrimonio entre personas de razas distintas y un año después las relaciones sexuales interraciales. En 1950 se implementó un sistema de clasificación racial y asignación geográfica para separar físicamente a las distintas etnias y crear gobiernos autónomos. En 1953 se aplicó la segregación legal en playas, autobuses, restaurantes, piscinas, hospitales, escuelas y universidades. Había letreros de "Sólo blancos" en zonas públicas. Barrios negros fueron demolidos y su población trasladada forzosamente a su área racial (una pequeña fracción de la población blanca también fue obligada a desplazarse). Los negros tenían prohibido vivir y trabajar en áreas blancas a no ser que dispusieran de un pase especial que sólo era concedido a unos pocos. El trabajador con pase no podía traer a su familia consigo. Los negros no podían emplear a trabajadores blancos.
Los ciudadanos árabes de Israel (un 20% de la población) poseen los mismos derechos políticos y civiles que los ciudadanos judíos. No hay ninguna ley que discrimine o segregue en función de la etnia. Las escuelas, universidades, hospitales y demás servicios están integrados. No hay restricciones de movimientos, de trabajo o de relaciones sexuales. Los ciudadanos árabes pueden organizarse, votar y expresarse en libertad. Tienen representantes políticos en el Knesset, que son tolerados incluso cuando reivindican el desmantelamiento del Estado judío o apoyan a Hezbolá. Como dice el historiador Benny Morris, muchas democracias occidentales no otorgan la misma libertad a su disidencia interna, y en situaciones de conflicto bélico algunas han reprimido a las minorías de los países con los que se enfrentaban (Estados Unidos lo hizo con los japoneses, Reino Unido con los alemanes). Desde que se levantara la ley marcial en 1966, Israel no ha restringido las libertades de la minoría árabe ni encarcelado masivamente a los que secundan la causa palestina.
Es cierto que el sionismo y la Ley del Retorno (por la cual los judíos pueden inmigrar a Israel libremente y obtener la ciudadanía) tienen un sustrato nacionalista, pero como argumenta el profesor de ley internacional John Strawson, no tiene nada de particular que un Estado sea fundado sobre la base de una nación cultural y contenga en su seno otras minorías étnicas. Es discutible si la Ley de Ciudadanía y Entrada de 2003 es discriminatoria por perjudicar más a los ciudadanos árabes (que contraen matrimonio más a menudo con palestinos), o si el DNI que cita la etnia del ciudadano se asemeja al sistema de registro del Apartheid, pero en cualquier caso serían abusos de otro orden de magnitud. También existen programas de discriminación positiva a favor de los árabes en distintos ámbitos, ¿constituye una muestra de apartheid anti-judío?
La analogía tiene más sentido si se aplica a los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania: no se permite el retorno de los refugiados palestinos que escaparon a la guerra civil, se restringen y se controlan sus movimientos, y se les mantiene físicamente separados detrás de un muro de hormigón. Pero aún así hay diferencias relevantes.
Los palestinos en Gaza y Cisjordania no son ciudadanos israelíes y están administrados (parcialmente) por la Autoridad Nacional Palestina. El objetivo último de todos los planes de paz es que ese territorio devenga un Estado soberano. A largo plazo Israel no quiere gobernar a los palestinos, y los palestinos no quieren incorporarse al Estado israelí.
La causa de los refugiados y descendientes, a quienes no se les permite volver y retomar las propiedades que quedaron abandonadas, tiene mucho de justa. Pero aquellos palestinos que quieren echar a los judíos al mar o respaldan el terrorismo contra civiles no pueden esperar que el Estado israelí los acoja con los brazos abiertos. El pueblo palestino sufre como consecuencia de la ocupación, si bien ésta no la motiva el racismo sino la seguridad de los israelíes (lo que tampoco quiere decir que sea justa y no deba reconsiderarse).
Las sudafricanas Rhoda Kadalie y Julia Bertelsmann, cuyas familias fueron activas en el movimiento anti-apartheid, se preguntan: ¿para cuándo una semana del apartheid dedicada a Irán, Cuba, China, Zimbabue, Siria, Egipto o Arabia Saudita? En estos países sí hay discriminación legal genuina contra ciudadanos nacionales: mujeres, homosexuales, disidentes o practicantes de otra religión. Pero llevar una chapa de "Apartheid en Irán" no da la misma imagen de "solidario" y "progresista".
Israel no está en absoluto exento de crítica. Pero no todas las críticas a Israel son válidas.