Que el déficit público de nuestras manirrotas Administraciones Públicas es uno de los grandes problemas que aquejan a nuestra economía es algo de lo que son conscientes analistas e inversores nacionales e internacionales. El año pasado el conjunto de nuestras administraciones tuvo que financiar alrededor de 110.000 millones de gastos por encima de sus ingresos, el 11,2% del PIB. Es urgente eliminar este agujero, no sólo porque reconducirlo al 3% sea un imperativo legal europeo (y que por el Protocolo de Déficit Excesivo podría costarnos cerca de 10.000 millones de euros en concepto de sanción), sino porque la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y, en definitiva, nuestra solvencia como país frente al exterior depende de que logremos ubicar nuestro gasto a niveles compatibles con nuestros ingresos: una situación de la que, por desgracia, estamos hoy muy lejos.
Nuestros políticos han aprovechado la crisis económica –en la que la austeridad y la moderación debería ser la norma– para gastar más de lo que habrían soñado en tiempos de prosperidad. Pese a que pueda sonar absurdo, justo en el momento en el que los ciudadanos veían perder su empleo, reducir sus fuentes de ingresos y ahogarse en sus deudas, el Gobierno les obligaba a gastar un dinero que no tenían y que en el futuro cercano se iba a cobrar (ya se está haciendo) con subidas de impuestos.
Como es obvio, todo el foco de atención se está concentrando en el Gobierno central, por cuanto él es quien cuenta con un mayor déficit (alrededor del 10%), quien capitanea la retórica sobre la necesidad de incrementar el gasto y quien está acometiendo las subidas de impuestos. Sin embargo, no convendría olvidar que nuestro caótico sistema autonómico genera perversos incentivos para que las comunidades autónomas también estén gastando sin freno y sean en parte responsables del abultado déficit de la Administración central.
Al fin y al cabo, la ventaja que tiene para los políticos autonómicos que los ingresos fiscales estén centralizados y el gasto descentralizado es que son ellos quienes inauguran las faraónicas obras públicas y quienes crean redes clientelares con las que consolidar su poder, pero es el Gobierno central quien al final debe sufrir el desgaste de aumentar los impuestos. Asimismo, en caso de que España fuera en el futuro sancionada por la Unión Europea como consecuencia de su excesivo déficit, también sería el Gobierno central quien soportaría la reprimenda política y económica, eximiéndose las autonomías de todo coste.
Y por si lo anterior fuera poco, tampoco conviene olvidar que parte del déficit estatal procede de garantizarles a las ejecutivos autonómicos unos niveles de ingresos que superan en mucho la recaudación actual y gracias a los cuales las comunidades pueden exhibir unas cuentas públicas sustancialmente mejores que las del Ejecutivo de Zapatero.
Se vuelve imprescindible, pues, que todo este exceso de gasto público se reduzca y para ello es necesario forzar a las comunidades autónomas a que hagan lo propio dentro de su presupuesto. El problema es que fijar compromisos genéricos que prometan reducir el déficit de aquí a 2013 hasta niveles conformes con la legalidad europea no sirve de mucho si no se establecen objetivos intermedios entre 2010 y 2013. Al fin y al cabo, hasta después de pasadas las elecciones autonómicas y generales no se podrá fiscalizar el comportamiento de los gobiernos regionales para reprenderles si siguen gastando aquello que no tienen. Los próximos años bien pueden convertirse en el festín de unos políticos irresponsables que piensan legarles los problemas presupuestarios a sus sucesores. Desde luego, el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera no lo impide.
Ahora bien, lo cierto es que resulta un poco ridículo que Salgado inste a las autonomías a que presenten un plan de austeridad presupuestaria cuando el Gobierno central no ha hecho todavía lo propio (a menos que entendamos una simple declaración de buenas intenciones como tal). El esfuerzo esencial, por volumen de ingresos y gastos, corresponde al Estado y éste, de momento, sólo ha mostrado su lado más demagógico y populista. Parece que lo que pretenden los socialistas es descargar toda la responsabilidad del ajuste o de la falta del mismo en las autonomías. Así, entre unos y otros la casa se queda sin barrer: las autonomías gastan lo que no recaudan y, con ese pretexto, el Gobierno deja de ajustar su despilfarro a los ingresos. Nada que inspire demasiada confianza a los inversores extranjeros: si no saben del juego de intereses autonómico, malo; si lo conocen, mucho peor.