Los políticos europeos hacía tiempo que estaban decididos a salvar a Grecia. Después de haber rescatado a sus propios sistemas bancarios, no cabía esperar otro comportamiento de la suspensión de pagos de un socio comunitario que iba a repercutir directamente en las inversiones de sus bancos nacionales. El problema es que la certeza de que un país va a ser rescatado en caso de que quiebre es una llamada a la irresponsabilidad del resto de Estados europeos. Lo mismo sucedía y sucede con los bancos: los fondos de garantía de depósitos incentivan un "riesgo moral" que los lleva a adoptar decisiones irresponsables y muy arriesgadas bajo la perspectiva de que en el futuro papá Estado acudirá con el dinero del contribuyente.
Con tal de aplacar algo esta sensación de impunidad por la que los responsables de cualquier inversión calamitosa no tienen por qué hacerse cargo de sus consecuencias, en ocasiones los políticos tratan de dar una imagen de dureza que no siempre se ve correspondida más tarde por los hechos. El pasado jueves, por ejemplo, Obama anunció un inadecuado plan de reforma del sistema financiero y avisó a los bancos de que a partir de su aprobación ya no se iban a producir más rescates bancarios generalizados. Por supuesto, todo el mundo en Wall Street sabe que el presidente estadounidense iba de farol, porque en caso de que se repitieran acontecimientos como los de 2008 (y el plan elaborado por los demócratas en nada lo impide), Obama haría exactamente lo mismo –o peor– de lo que hizo Bush.
En la zona euro sucedía algo similar. Merkel adoptó una posición muy dura contra la posibilidad de rescatar incondicionadamente a los países que suspendieran pagos: avisó de que podían contar con su auxilio, pero siempre y cuando siguieran un plan serio –y severo– de consolidación fiscal y mejora de la competitividad. Lo que era opinable es si a la hora de la verdad, cuando Grecia realmente estuviera al borde de la quiebra, Merkel mantendría su posición de dureza o se ablandaría para ayudar a los helenos.
No ha sido este último el caso. La canciller alemana ha aceptado las peticiones griegas, pero siempre que corrijan el caos en sus finanzas públicas; objetivo harto complicado después de casi 10 años de un irresponsable despilfarro gubernamental. El ajuste será muy complejo y sufrido, pues con una deuda pública que roza el 120% del PIB, los pagos de intereses pueden absorber prácticamente todo su crecimiento económico nominal. Pensemos que si el tipo de interés medio de su deuda fuera del 5% (el interés prometido por el plan de rescate de la UE-FMI), los pagos en intereses se llevarían para sí todo crecimiento nominal del PIB que fuera inferior al 6%. Una expansión menor de la economía llevaría a que la ratio entre deuda total y PIB no deje de aumentar, volviendo al final impracticable la amortización de todas sus obligaciones.
El panorama es oscuro cuando menos, pues hoy Grecia lejos de crecer, decrece, y la inflación (que podría contribuir a aumentar el crecimiento nominal) ha desaparecido de la escena. Por consiguiente, el país necesitará construir enormes superávits presupuestarios (que pueden ascender al 10% del PIB) partiendo del mayor déficit de la zona del euro (más del 13% del PIB en 2009). Es decir, habrá que reducir salvajemente el gasto público y con mucha probabilidad aumentar en igual medida los impuestos. Al final, pues, el nivel de vida de los griegos se hundirá porque tendrán que empezar a pagar el derroche pasado de sus políticos. La deuda pública tiene sus consecuencias, no es gratis, y en breve los helenos lo empezarán a comprobar, pues la alternativa –la suspensión de pagos– sería aún más dolorosa.
La loable firmeza de Merkel debería mover a la reflexión a Zapatero. Durante los últimos meses se especuló con la posibilidad de que el presidente del Gobierno español estuviera esperando a observar las condiciones del rescate griego –a comprobar si al final los alemanes daban su brazo a torcer– para saber a qué atenerse. Pues ya lo sabe: Merkel no cederá ni un milímetro en sus muy razonables exigencias (¿para qué habría de rescatar a un país que se niega a reconducir su errático rumbo?) y el ajuste que Zapatero se niega a implementar tendrá que producirse, sí o sí. La diferencia está en que cuanto antes tenga lugar, más pronto dejaremos de añadir deuda pública a nuestro balance nacional y menos doloroso será ese cambio. De haber empezado en 2008, nos habríamos ahorrado como unos 120.000 millones de euros. No convendría aguardar a 2011 o 2012, porque entonces puede ser muy tarde.
La primera semana de febrero los mercados ya nos lanzaron una advertencia que la verborrea internacional de Zapatero y Salgado logró calmar. En julio toca refinanciar alrededor de 25.000 millones de deuda pública. Veremos qué opinan los inversores internacionales entonces. Convendría haber llegado con unos deberes bien hechos a esa crítica fecha, pero el Gobierno, como los malos estudiantes, sigue dejándolo todo para el próximo curso.