Senadores y diputados de la oposición se dedican a criticar la lucha del Gobierno mexicano contra el crimen organizado. Pero esas críticas no plantean soluciones, sino intentar restar credibilidad al Gobierno federal con fines electorales.
Parecen olvidar que en la lucha del presidente Felipe Calderón contra el crimen, homicidios, robos y extorsión se están combatiendo delitos bajo la jurisdicción de autoridades locales que fueron designadas por sus propios partidos. Los estados donde ocurre el mayor número de asesinatos son: Chihuahua (6,657), gobernado por el PRI; Sinaloa (3,133), gobernado por el PRI; y Guerrero (1,826), gobernado por el PRD. De los 30 municipios más violentos, 20 son gobernados por el PRI y concentran el 73% de todas las muertes relacionadas con el crimen organizado en México.
Gran parte de la inseguridad y los enfrentamientos que vemos en las calles son la cosecha de la complicidad e indiferencia con que se ha combatido el crimen a nivel federal y estatal, como todavía sucede en varios estados. Es más, los medios de comunicación frecuentemente informan que las policías estatales están al servicio del crimen organizado.
Si los legisladores buscaran de verdad un ambiente de seguridad para México, deberían empezar por exigir a los gobernadores que pertenecen a sus propios partidos que cumplan con una de sus principales responsabilidades: darle seguridad a los habitantes.
En lugar de tratar de sacar ventaja electoral a la delincuencia, los gobernadores y legisladores de todos los partidos deben coordinar esfuerzos para combatirla y colaborar con el Gobierno federal para restablecer la tranquilidad ciudadana en las regiones más afectadas por la criminalidad.