El objetivo de este artículo no es exponer los muchos argumentos favorables a la tesis en la que ha vuelto a insistir Mayor Oreja de que Gobierno y ETA buscan o están ya inmersos en una nueva negociación. Lo que quiero defender es que, sin necesidad de tener que acreditar o dar por ciertas las sospechas de este ex ministro, se puede y se debe proceder a una inmediata reforma de la Ley de Partidos que erradique el monopolio que actualmente tiene un organismo dependiente del Gobierno, como es la Fiscalía General del Estado, de instar al Tribunal Supremo la eventual ilegalización de formaciones o listas proetarras.
No tiene sentido que la Ley de Partidos en su actual redacción impida ese derecho constitucional de ejercer la acción popular, que, por el contrario, los ciudadanos sí pueden ejercer –aun sin el respaldo de la Fiscalía– ante otras posibles vulneraciones de ley que tampoco tienen víctimas concretas y ante los que tampoco cabe, por tanto, la acusación particular.
Recientemente, y con ocasión del procesamiento de Garzón, el Tribunal Supremo ha vuelto, afortunadamente, a reconocer ese derecho que pretendía erradicar la Fiscalía y el Gobierno. La Ley de Partidos, sin embargo, sí concede explícitamente y en exclusiva a los organismos dependientes del Gobierno la posibilidad de instar el proceso judicial de ilegalización de partidos.
Si no queremos enmarcar la Ley de Partidos dentro del más amplio espacio del derecho a la tutela judicial efectiva que recoge el artículo 24 de la Constitución a través de la acusación popular, al menos que se permita que un grupo cualificado de diputados o senadores puedan instar el proceso de ilegalización, tal y como ocurre con los recursos de inconstitucionalidad contra los estatutos. Lo decisivo es que el Gobierno y su dependiente Fiscalía General del Estado ya no tengan nunca más ese monopolio de apelar a los tribunales ante un nuevo e hipotético intento de los etarras de volver a tener –más bien, seguir teniendo– representación política y subvenciones públicas.
Recordemos que, como bien vino a lamentar en su día una sentencia del Tribunal Supremo en consideración obiter dicta, fue gracias precisamente a ese monopolio por lo que los proetarras han podido seguir presentándose a las elecciones sin tener siquiera el Gobierno que derogar la Ley de Partidos. Después de este bochornoso capitulo, los ciudadanos tenemos todo el derecho a pedir la erradicación de ese monopolio que ha resultado ser un coladero sin tener necesidad alguna que demostrar que el Ejecutivo de Zapatero –o el que venga– ha vuelto a las andadas.
Otro tanto se podría decir de las bochornosas excarcelaciones de Usabiaga, de Rentería o la desaparición de De Juana Chaos, que Mayor Oreja enmarca, muy razonablemente, en una política de "gestos" propia de una negociación soterrada entre el Gobierno y ETA. Sin embargo, la bochornosa excarcelación de Usabiaga autorizada por Garzón se puede y se debe recurrir y denunciar sin tener siquiera que mentar la posibilidad de que este juez, acreditado partidario del diálogo con los terroristas, haya excarcelado a Usabiaga para favorecer esas nuevas e hipotéticas negociaciones con el Gobierno. Basta denunciar que los argumentos esgrimidos por Garzón para excarcelarlo son absolutamente falsos o improcedentes. Ni había un informe medico del Ayuntamiento de Lasarte que declarase a la madre de Usabiaga dependiente, ni el proetarra siquiera ha ido a visitarla desde que fue excarcelado y para colmo tiene dos hermanas que bien podrían cuidar de la supuesta impedida.
En cuanto a la clamorosa falta de vigilancia de De Juana Chaos, parecería que no podamos sacar los colores al ministro Rubalcaba si no es mentando esa posible negociación del Gobierno con ETA, cuando lo cierto es que esa falta de vigilancia no deja de ser bochornosa en un Gobierno que dice estar luchando judicial y policialmente contra la banda terrorista.