Hasta de las peores catástrofes se sacan enseñanzas. La crisis internacional ha acabado con la edad de la inocencia de los sistemas financieros. La globalización fue causa y será solución. No nos queda otra. España, como parte del mercado global, ha sufrido sus consecuencias. Pero esa evidencia no explica los males estructurales de la economía española. Los ha dejado al descubierto. Pero no porque esa crisis financiera nos haya afectado, los explica en lo que tienen de específicos.
La crisis económica española nos ha recordado la dramática falta de una economía productiva frente a una excesiva dependencia del sector servicios, sobre todo, el basado en el turismo, un sector inestable y dependiente. Pero además nos está ayudando a poner al descubierto la inconsistencia de nuestras instituciones políticas y la inconsciencia sociológica de generaciones mimadas, incapaces de reparar en el esfuerzo que cuesta sacarle a la naturaleza nuestro bienestar. Y la crisis económica, nos lo está enseñando; de la manera más brutal, reflejándonos en el espejo tal como somos, bajitos y sin un duro.
Es posible que nos volvamos al papá Estado una vez más, sin darnos cuenta de que el Estado somos nosotros. Y nosotros tenemos los bolsillos vacíos y una hipoteca en el parking que hemos de pagar a pesar de que ya no podamos ponerle gasolina al cuatro por cuatro. Es la adolescencia de cualquier sociedad que se desentiende de su propia responsabilidad individual.
Esta es la gran enseñanza que estamos aprendiendo la generación del despilfarro del Estado de las Autonomías; en 26.000 millones de euros ha calculado la Fundación Progreso y Democracia el ahorro que podríamos obtener si reducimos duplicidades y otros gastos prescindibles de las autonomías.
Esto no es un problema económico, sólo la consecuencia. La causa es una crisis institucional de una generación de políticos irresponsables incapaces de gestionar los bienes públicos con la eficacia, la honestidad y la coherencia con que cualquier empresario familiar lleva su negocio. No me estoy refiriendo a la actitud ética de llevar la res pública, que también, sino sobre todo a la coherencia que da el contraste entre la inversión de los bienes públicos y los beneficios sociales que otorgan. Y aquí el Estado ha de desembarazarse tanto de políticos trileros, como de marrulleros institucionales, sean ministros del Gobierno del España o ventajistas de gobiernos autonómicos. El bien común ha de estar por encima de derechos históricos o de cálculos electorales de aquellos partidos nacionales que, por gobernar, son capaces de vender las instituciones a retales, como venden los ricos venidos a menos el patrimonio familiar.
El día que volvamos a confiar en una clase política de la que estemos seguros que invertirá nuestros dinero como si arriesgara los suyos, el día que volvamos a confiar en la palabra dada, no por fe, sino porque esos políticos nos demuestren con el coste de su cargo las promesas incumplidas, ese día comenzaremos a ser adultos políticamente. Puede que esa actitud no nos resuelva todos los problemas económicos, pero estaremos en el camino de resolverlos.
Y si queremos empezar, empecemos por no perdonar las tomaduras de pelo (en mi pueblo se dicen mentiras, pero ya saben como somos los de pueblo; ustedes sabrán perdonarnos). Ejemplos les pondría a cientos. Les doy uno desde la comunidad donde vivo y escribo: el vicepresidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Josep-Lluís Carod-Rovira, acaba de anunciar el compromiso del Tripartito de liberar "a los catalanes y catalanas de pagar peajes" antes de que acabe la legislatura. Como saben, esta ha sido una promesa electoral de ERC desde Gifré el Pilós; lleva dos legislaturas en el Tripartito y nunca la cumplieron, y ahora que nos hemos de apretar el cinturón, nos suelta la broma. Seguro que estaba pensando en el bien común y no en su futuro político. Pues eso.