Aunque interpretar las oscilaciones a corto plazo de los mercados suele ser un ejercicio abocado al fracaso, sí es cierto que los inversores españoles expresaron en apariencia un juicio bastante claro al día siguiente de que Bruselas y el FMI intervinieran a la economía española: una vez nuestro país se convertió en un protectorado alemán y se tutelaron de cerca las suicidas medidas que estaba implementando el Gobierno de Zapatero, nuestro mercado de valores experimentó la mayor subida de su historia. En la misma línea, tan pronto como Zapatero terminó de anunciar en el Congreso de los Diputados que enmendaba la plana a toda su política económica anterior al tratar de reducir el déficit por el lado de los gastos, la bolsa volvió a aumentar durante unas horas.
Parece, pues, que los inversores son conscientes de que la grave crisis de nuestra economía sólo se soluciona con enérgicos ajustes del gasto y no con nuevas subidas de impuestos a unos agentes privados que ya están asfixiados por sus propias deudas. Claro que de lo anunciado a lo que finalmente fuera a aprobarse podía mediar una distancia bastante considerable, sobre todo si echamos una ojeada al espantoso historial de este Gobierno y del partido que le da sustento.
Al fin y al cabo, quien tenía que acometer el "mayor recorte de gasto social" de nuestra democracia eran los mismos que se habían llenado la boca diciendo que no iban a ser los más débiles quienes pagaran la crisis y que prometían cargar el peso del ajuste sobre quienes más tenían. En los mercados había dudas más que razonables sobre que Zapatero quisiera y pudiera aprobar el plan, dado que el rechazo ya no sólo surgía desde dentro del PSOE, sino por supuesto de todo el resto de la izquierda parlamentaria y también de un PP que exigía que los paniaguados del régimen también experimentaran un recorte en sus subvenciones.
De momento, parece que el Ejecutivo ha presentado el decreto ley que Zapatero anunció en el Congreso, no sin antes volver a hacer gala de ese caos, tensión interna, descoordinación, demagogia y descomposición que viene caracterizando al PSOE de los últimos años y, sobre todo, de los últimos meses. Después de varios días de rectificaciones, la Moncloa y el PSOE filtraron a varios medios afines que el Gobierno aprobaría un nuevo impuesto sobre el patrimonio, desmintiendo las afirmaciones que había realizado Salgado apenas 24 horas antes.
Al final, tras cinco horas de deliberaciones, prevaleció el criterio de Salgado, que probablemente sea el marcado por Bruselas, y, por el momento, no se aprobó ninguna subida de la tributación "a los ricos" que sólo habría agravado la fuga de capitales que ya está experimentado nuestro país. Pero aún así, no deja de transmitir una imagen lamentable que el equipo político que debe efectuar las mayores reformas de nuestra economía desde el Plan de Estabilización del 59 esté enfrascado en refriegas internas por el simple hecho de que no creen en las políticas que necesitamos y que nos exigen desde la UE.
En unos momentos en los que necesitamos de una continua pedagogía para que la sociedad digiera unas medidas duras pero indispensables, no es admisible que los primeros que tengan que convencerse de la necesidad del plan de ajuste sean quienes lo están proponiendo. Si este Gobierno y este PSOE no quieren tomar las únicas medidas que podemos tomar para evitar el desastre, si sus contradicciones internas las quieren saldar enredando a la ciudadanía los días pares y atracando a los ricos en los impares, entonces va siendo imperativo que tomen esa decisión que debieron haber adoptado al día siguiente de ganar las elecciones mintiendo y negando la realidad indubitada de la crisis: disolver las Cortes y convocar unos nuevos comicios. Sólo así podremos aspirar a que se forme otro Gabinete que sí tome la determinación de consolidar nuestros presupuestos y liberalizar los mercados.