Es de dominio público que la financiación de los sindicatos de este país, retales inconexos de lo que un día fue España, no está ligada a las cuotas de sus afiliados. Ni siquiera los liberados sindicales sirven para mantener la estructura del sindicato vertical, fragmentado en dos o tres facciones, a flote. Hoy las organizaciones sindicales se nutren básicamente del presupuesto, pastan en él como una vaca frisona en los montes asturianos un año de buenos pastos.
Estos amantes de lo suyo, a quienes jamás les han importado un bledo los parados, andan preocupadísimos con la reducción de la indemnización por despido improcedente. Los sindicatos se han autodenominado de clase, si bien yo me pregunto a qué diantres de clase se referirán, a las clases pasivas evidentemente no; a las clases medias, denominación marxista que detesto, tampoco; a la única clase, más bien colectivo, a la que pueden referirse es al conjunto de parásitos de la economía nacional que viven del trabajo de los demás dedicándose a que el derecho al trabajo sea una quimera.
Pues bien, tales son nuestros sindicatos, más que una clase pasiva son una clase negativa. Y hete aquí que andan escenificando un ejercicio de oposición frontal a la reformita laboral que propone el Gobierno y la paniaguada patronal. En Francia y en Alemania, el corazón de Europa que decía Zapatero en días mejores, la indemnización por despido es sustancialmente menor a la que se plantea en España, y la flexibilización de la jornada laboral mediante pacto individual es una realidad. En cambio, aquí les parece inaceptable lo de los 33 días por año trabajado. En un principio he pensado que sería por la evocación evangélica que entraña la cifra, sin embargo he caído en la cuenta de que se trata de una cuestión básicamente crematística.
No, que no piense nadie que a estos les importa la economía del país, asunto que les trae al fresco, se trata de su economía, de sus ingresos. Hasta ahora, cuando un empresario despedía a un trabajador, si este acudía al abogado del sindicato, éste percibía un porcentaje de la indemnización que le correspondía al trabajador, ergo minorado el emolumento del currante. Cualquier trabajador sabía de antemano que, si su asunto era conducido por un abogado sindicalista, su futuro se ceñía a una indemnización y a la percepción de la prestación por desempleo. No tenía ninguna posibilidad de que el intrépido y audaz letrado de la organización obrerista luchase por su readmisión. Claro, la pasta es la pasta. Con la insuficiente reducción planteada, los arrojados sindicatos de clase van a contemplar cómo sus ingresos procedentes de indemnizaciones por despido se ven minorados en un 26,5%, lo cual va a suponer que quizá tengan que hacer frente a reducciones de plantilla de los funcionarizados abogados que pueblan sus sedes.
Así, Toxo, Méndez y compañía deben estar más preocupados de su pasta que de lo que suceda a los trabajadores por cuenta ajena (de los autónomos ya sabíamos que ignoraban su existencia). De este modo, si convocan una huelga general, que nadie se llame a engaño, junto a la inefable razón de la defensa de su pose de imagen obrera, está el afán recaudatorio a costa de quien sea. Ánimo Toxo, ya sabemos que todo por la pasta.