A los políticos de este país no se les acaba de meter en la cabeza que el dinero que gestionan es el de todos los españoles, el que los ciudadanos ganan con el sudor de su frente, y no es un regalo que hacen a las administraciones públicas sino una entrega forzada de esos recursos. Los dineros públicos, por tanto, son y proceden de alguien; no surgen por generación espontánea, como pretenden algunos políticos, sino del esfuerzo de las personas a las que la fuerza coercitiva del Estado les obliga a entregarle parte de sus rentas. Si resulta harto difícil que la clase política nacional entienda esto, mucho más lo es que lo comprendan los políticos regionales.
Todo esto viene a cuento del proceso de subida de impuestos en que se están embarcando las autonomías españolas. Cataluña ha dado el pistoletazo de salida con el incremento del IRPF para las rentas más altas y otras muchas autonomías, no la de Madrid, se están apuntando al carro, sobre todo las gobernadas por los socialistas. Ahora bien, ¿hace realmente falta incrementar la fiscalidad? Los políticos regionales alegan que la crisis económica no les deja otra opción, pero lo cierto es que la crisis no es más que una excusa para hacer lo que quieren hacer, que es seguir gastando a todo tren sin adaptarse a las nuevas circunstancias económicas. Porque la crisis pueden y deben afrontarla de otra manera, esto es, reduciendo los pagos, donde tienen mucho margen de maniobra. ¿O es que acaso hay alguna política regional que sea imprescindible? Si somos serios, ni una. Las comunidades autónomas carecen de competencias en defensa y política exterior, y en justicia y orden público son muy limitadas. Por tanto, las cuatro funciones básicas de un Estado siguen en manos del Gobierno central. Lo mismo sucede con buena parte de las políticas sociales más importantes, como las pensiones y las prestaciones por desempleo. ¿Qué les queda a las autonomías? De lo básico, tan sólo la educación y la sanidad, pero las necesidades de la primera no son tantas como para tener que subir impuestos y las de la segunda se pueden resolver introduciendo el copago y racionalizando su gestión. En consecuencia, las autonomías no necesitan realmente más recursos para atender a las funciones básicas del Estado.
¿Qué es lo que ocurre, entonces? Pues que casi todas ellas están embarcadas en políticas absurdas de gasto con las que no quieren acabar y exigen a los ciudadanos que las paguen sin realmente darles la menor explicación de en qué emplean el dinero que le sacan del bolsillo. Si estamos en crisis, lo estamos todos, los ciudadanos y las administraciones; si hay que apretarse el cinturón, nos lo tendremos que apretar todos también. Las autonomías, sin embargo, no están por la labor y quieren seguir actuando como si la crisis no existiera, en lugar de hacer lo lógico, que es diseñar una estrategia de recorte de sus gastos para equilibrar sus cuentas. Tiempo han tenido de hacerlo, porque la crisis no se ha presentado por sorpresa, de la noche a la mañana, sino que llevamos ya tres años conviviendo con ella, así es que, si quisieran, podrían haberse adaptado a ella, como ha hecho la Comunidad de Madrid. Pero no, los políticos regionales prefieren seguir con su dinámica de gasto público innecesario, al que no están dispuestos a renunciar. Sin embargo, no van a tener más remedio que hacerlo. ¿Por qué?
La respuesta es muy sencilla. En primer lugar, porque con tanta subida de impuestos van a estrangular cualquier atisbo de recuperación económica. Es más, se pueden encontrar con que el incremento de la presión fiscal se traduzca en una recaudación menor como consecuencia del impacto negativo que va a tener en el crecimiento económico. En segundo término, porque esos gastos han sido el fruto de los ingresos tributarios extraordinarios que proporcionó la burbuja inmobiliaria. Pero ésta ya ha estallado y, por tanto, esas entradas de dinero en las arcas regionales no van a volver y, por tanto, les guste o no, tendrán que trabajar con menos dinero. Mientras no comprendan estas verdades básicas, las autonomías no van a ser un motor para superar la crisis, sino un lastre más –y muy pesado– para el despegue de la economía y el empleo. Y este es un lujo que este país, y en estos momentos, no se puede permitir.