Los constantes golpes al terrorismo de ETA nos acercan cada vez más a la derrota definitiva de esta banda asesina. El excelente trabajo de nuestras Fuerzas de Seguridad y la eficaz colaboración francesa están logrando debilitar en gran medida la estructura criminal de la organización terrorista. Muchos de los éxitos policiales actuales se deben a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se dieron por aludidas durante la negociación del Gobierno Zapatero con los terroristas de la anterior Legislatura y siguieron trabajando como si ese proceso no fuera con ellos. El resultado es una espectacular cadena de éxitos que los españoles nunca podremos agradecer de forma suficiente. Hoy el cerco policial a ETA se estrecha y la organización ha entrado en una fase de declive que parece irreversible.
El problema es que para lograr la derrota de ETA los éxitos policiales son necesarios, pero no suficientes. La premisa básica es que el Gobierno siga dejando trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin interferencias políticas. Pero para acabar con la capacidad de regeneración de la organización no es suficiente solo golpearla constantemente en la cabeza, sino atacar también el corazón de la bestia. Por este motivo la Ley de Partidos aprobada en 2002 a impulso del Gobierno de Aznar fue probablemente el golpe más letal asestado por la democracia española a la organización terrorista al desalojar a los asesinos de todas las instituciones. Sólo un total aislamiento político y social de los terroristas y sus cómplices políticos impedirá la regeneración de la hidra terrorista.
¿Qué es lo más urgente ahora? En primer lugar es preciso trasladar a los terroristas la absoluta certeza de que la democracia española jamás volverá a sentarse en una mesa de negociación con ellos. El tiempo para un final dialogado del terrorismo hace mucho tiempo que pasó. La historia nos demuestra que el diálogo con los terroristas es siempre un arma que sirve para fortalecerlos. Deben entender que jamás podrán doblegar nuestra libertad mediante el terror, que no haremos concesión alguna, que no hay diálogo posible. Esta imposibilidad de negociación debe ser algo más que una voluntad coyuntural de un Gobierno y debe estar incluso estar por encima de un pacto entre partidos. La prohibición de negociar con el terror debe ser recogida como un imperativo legal en nuestro ordenamiento jurídico.
En segundo lugar, en un momento de máxima debilidad sería más oportuna que nunca la expulsión de los cómplices políticos de los asesinos de todos los ayuntamientos del País Vasco y Navarra donde aún permanecen parapetados. Nada es más eficaz para lograr la rendición de ETA que la presión de su propia base social. Y si muchos de los que apoyan políticamente el terrorismo entienden que eso es incompatible con su actividad institucional, con mantener su pequeña esfera de poder e incluso en algunos casos con su propio “modus vivendi”, es evidente que presionarán para que la banda desaparezca. En todo caso, y más allá de su utilidad práctica, la expulsión de los cómplices políticos de los terroristas de las instituciones democráticas constituye una obligación moral inaplazable. ¡Ya es demasiado tarde!
Si importante es expulsar a los terrositas de los ayuntamientos del País Vasco y Navarra, aún más lo es impedir que puedan concurrir a las próximas elecciones. Para ello bienvenida sea cualquier reforma legislativa que perfeccione los instrumentos legales para impedirlo. Pero lo más esencial para lograrlo es que el Gobierno tenga una voluntad política decidida de aplicar esa legislación. El objetivo debe ser que los terroristas no cuelen a sus candidatos en las elecciones, más que permitir una expulsión sobrevenida con un encaje constitucional que se antoja muy complejo. Y lo que resulta evidente es la voluntad decidida de Batasuna de concurrir a estas elecciones y la complicidad de otras fuerzas políticas para facilitarles esa presencia. La respuesta por parte de los partidos democráticos, al menos de los dos partidos mayoritarios, debe ser de extrema firmeza para evitarlo a toda costa. Quiénes estén dispuesto a acoger en sus candidaturas personas vinculadas con el terrorismo deben saber que corren el riesgo de ver invalidadas sus candidaturas. Sean quienes sean. Nuestro mayor error sería dejarnos embaucar por los cantos de sirena que se elevaran cada vez con más fuerza desde la autodenominada Izquierda Abertzale. Una condena del terrorismo por imperativo legal o una desvinculación táctica con la banda no pueden ser en ningún caso suficientes para permitir a los cómplices políticos de los terroristas volver al juego democrático.
Por último, el Gobierno está practicando una política penitenciaria de acercamiento de presos y concesión de beneficios penitenciarios a miembros de la organización terrorista. El objetivo es provocar la división y la deserción en el frente carcelario de la organización terrorista. Hasta la fecha, los resultados han sido limitados, con una carta pública firmada por ocho presos, algunos de los cuales ya habían sido expulsados hace años de la banda. Pero en todo caso, la concesión de beneficios a presos terroristas debe tener claros sus límites. Que un preso reniegue de la banda no puede significar que inmediatamente quede en libertad. En segundo lugar, la concesión de cualquier beneficio debe estar condicionada en todo caso a una ruptura definitiva con la organización terrorista, una condena expresa del terrorismo y un perdón a las victimas que vaya más allá de lamentar las consecuencias "colaterales" del conflicto. Y esta política penitenciaria debe ser además consensuada con las propias victimas para no herir su dignidad.