Se supone que una acción de protesta tan extrema como es la celebración de una huelga general se debe ejecutar lo más pronto posible como medio de canalizar el supuesto malestar ciudadano que provoca el hecho que la origina. UGT y CCOO, sin embargo, han retrasado nada menos que para el 29 de septiembre la celebración de su anunciada huelga en protesta contra la reforma del mercado laboral presentada por el Gobierno. Podemos pensar en varios motivos que expliquen algo tan inaudito como que los sindicatos pospongan tres meses y medio la fecha del paro general.
Al margen de acontecimientos como la celebración del Mundial de Fútbol y el inicio de las vacaciones del verano, los sindicatos son conscientes del cada vez mayor distanciamiento que sienten hacia ellos los ciudadanos, quienes los ven acertadamente como privilegiados y subvencionados grupos de presión que no han hecho más que ir de la mano de un gobierno incompetente al que pretenden ahora superar en irresponsabilidad e inconsciencia. Los sindicatos necesitan ganar tiempo ya que saben, y más aun tras el rotundo fracaso del reciente paro de los funcionarios, que su ya escasa credibilidad y legitimidad para convocar actos de protesta pueden suponerles la puntilla si cosechan un nuevo fracaso.
Por otra parte, los sindicatos padecen una esquizofrenia a la que les conduce su incurable sectarismo ideológico. Así, mientras a Aznar le organizaron en 2002 una huelga general inmediatamente después de que el Gobierno del PP aprobara el decreto ley de reforma del sistema de protección por desempleo, justo en la fecha en la que acababa el periodo semestral de la entonces brillante presidencia de España en la UE, los sindicatos ahora no quieren eclipsar la ya de por sí desastrosa y nada ejemplar presidencia semestral de la UE de Zapatero con una huelga general. En lugar de ello, la difieren a finales de septiembre y la hacen coincidir con una jornada de protesta común a todos los países de la UE en el que el papel de Zapatero como destinatario de la misma quede más diluido.
En cualquier caso, la realidad es la que es, y este mismo martes la Comisión Europea ha reclamado a España un nuevo recorte del gasto del 1,75 % para 2011 que, según el Ejecutivo de Zapatero, llevarán a cabo las autonomías. Precisamente en este terreno del gasto autonómico los ciudadanos han podido presenciar tanto la irresponsabilidad como el sectarismo de los sindicatos. Hasta ahora las únicas protestas que habían hecho estos mal llamados agentes sociales que tanto silencio han guardado ante el despilfarro de una política que nos ha abocado a los cinco millones de parados, se han dirigido contra un gobierno autonómico que como el de Esperanza Aguirre, que es el único en España que se ha ajustado a los limites de déficit fijados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Por mucho que quieran ganar tiempo, estos sindicatos, que tanto se han beneficiado del despilfarro que ahora tenemos que corregir, y que tanto silencio han guardado ante la pérdida de millones de puestos de trabajo, carecen de la más minima legitimidad para protestar contra algo que, por otra parte, tanto requiere nuestra mortecina economía como es una drástica reducción del gasto pública y una no menos profunda reforma de nuestro rígido mercado laboral. Y no creemos que la vayan a recuperar, aunque se dejen la asignatura para septiembre.