Lo virtual está de moda. La realidad virtual, las fusiones virtuales de cajas de ahorros y, ahora también, las reformas estructurales virtuales, porque sólo así cabe calificar a los cambios en la normativa laboral que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. Sobre el papel, que todo lo aguanta, parece que el Ejecutivo va a abaratar el despido, y lo va a hacer no sólo para los nuevos contratos, sino para todos los existentes. En la práctica, lo más probable es que todo se quede como está o, incluso, se incrementen los costes para las empresas. Se trata, una vez más, de esa política de Zapatero de tratar de engañar a todo el mundo, mercados incluidos, haciendo ver que hace mucho cuando, en realidad, y en el mejor de los casos, todo se queda en agua de borrajas.
Según lo aprobado por el Gobierno, las empresas con dificultades económicas podrán reducir su plantilla con un coste por despido igual a 20 días por año trabajado. En apariencia eso está bien, pero ahora vienen los problemas. El primero de ellos es que el Gobierno insiste en que deben darse causas objetivas para que una empresa se pueda acoger a esta fórmula. El problema, una vez más, es que no define cuáles son dichas causas, que es lo que tendría que hacer, y lo deja todo a la libre interpretación de los jueces de lo social quienes, por norma general, tienden a dar sistemáticamente la razón al trabajador. Sin esa clarificación de las causas objetivas, es muy difícil que cambien las cosas y a lo único que puede conducir es a un incremento de la litigación entre despedidos y empresas, con el consiguiente coste para éstas últimas. De esta forma, lo que se pretende como una medida de abaratamiento del despido, al final no es tal si no viene acompañada de lo que tiene que venir acompañada.
Después está la cuestión de los seis meses en pérdidas que debe acreditar una empresa para poder acogerse al despido de 20 días. Una gran compañía sin duda puede aguantar ese periodo y mucho más antes de reducir su plantilla. El problema es que, en España, el 90% del tejido empresarial está formado por pymes, muchas de las cuales no tienen capacidad para aguantar un periodo tan largo de tiempo si sus cuentas registran números rojos, con lo cual, si quieren sobrevivir, no les quedará más remedio que, de ser necesario, proceder a reducir su plantilla en un periodo mucho más corto, lo cual las deja fuera de los supuestos beneficios de esta reforma.
En tercer lugar, el Gobierno dice que el Fondo de Garantía Salarial se hará cargo del pago de ocho días en la indemnización por despido, sea cual sea el tipo de contrato y sea cual sea la causa de extinción de la relación laboral. Teóricamente, por tanto, parece que con esto también se abarata este coste. Sin embargo, surge inmediatamente una cuestión obvia: si el Estado no tiene un euro en sus arcas y si tiene que realizar importantes esfuerzos de ajuste presupuestario, ¿de dónde va a salir el dinero para abordar esos pagos? Mucho me temo que de donde piensan todos ustedes, esto es, del bolsillo de los empresarios en forma de mayores cotizaciones al desempleo. De ser así las cosas, como me sospecho que serán, lo que se está haciendo en realidad no es abaratar el coste del despido sino forzar a las empresas a provisionar por anticipado parte del mismo en forma de mayores cotizaciones empresariales al desempleo, lo cual incrementa los costes laborales cuando lo que es preciso en estos momentos es reducirlos para poder recuperar competitividad y mantener los puestos de trabajo.
La propuesta de reforma, además, no aborda dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es la modificación de las condiciones de contratación, esencial para poder crear empleo, sobre todo entre los jóvenes, los parados menos cualificados y los desempleados mayores de 45 años. Para impulsar la contratación no basta sólo con reducir el coste del despido, cosa que, por lo que hemos visto, parece que no se va a hacer, sino que es preciso incidir también en esos elementos relacionados con la incorporación a un puesto de trabajo, en especial los relativos a todos los componentes del coste laboral, que dejan fuera del mercado a tantos jóvenes, a tantas personas poco cualificadas y a tantos mayores. La segunda es la negociación colectiva. Su descentralización, para situarla al nivel de las empresas, es del todo punto necesaria para que su contenido se adapte a la realidad de cada compañía. No basta, como hace esta reforma, con introducir posibilidades para descolgarse de los acuerdos sectoriales centralizados porque esta posibilidad se abre para casos muy concretos, cuando debería ser la norma. Sin embargo, el Gobierno no se ha querido meter en este charco porque significaría acabar de un plumazo con gran parte del poder de los sindicatos en España, esos sindicatos que han convocado una huelga general para el próximo otoño sin alegar verdaderas razones que lo justifiquen. Esto lo tendrían que haber hecho hace tiempo para protestar por la falta de interés del Ejecutivo por tomar medidas que frenasen la escalada del paro. Sin embargo, este no es el motivo. Lo hacen para protestar por una reforma laboral que, en última instancia, no es tal y que si se hiciera como se debe hacer sería muy positiva para la generación de empleo.
En resumen, todo esto no es más que una reforma virtual, sin verdadera sustancia ni contenido; más bien al contrario. Mientras no se profundice en los aspectos antes señalados, esto no es más que una nueva operación de marketing de Zapatero para tratar de calmar a los mercados, cuando éstos ya no confían lo más mínimo en él. Y, por tanto, lo más probable es que esta reforma laboral, tal y como está concebida, no sirva para nada, ni siquiera para las pretensiones de ZP.