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Gabriel Moris

Una mente diabólica

Aquellos que amparan, ocultan, negocian y justifican de alguna forma al terrorismo y a sus agentes son igual de execrables y dignos de castigo que los que ejecutan las órdenes dictadas por sus mandatarios.

Durante estos días están apareciendo algunas informaciones relacionadas con el 11-M. Se habla de la puesta en libertad de El Gitanillo –"Gabriel" para la ascendida fiscal Olga Sánchez– y de algún árabe supuestamente relacionado con la trama del atentado. Esperamos que esto no sea una realidad o un anticipo de más excarcelaciones de condenados en la sentencia del 11-M.

No por reiterativo resulta menos novedoso el pulso que el Ministerio del Interior mantiene con la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M. Pulso irracional y desigual. Interior niega la entrega de los procedimientos utilizados por los Tedax para la recogida, custodia y análisis, de las muestras tomadas en atentados terroristas. No obstante, dichos procedimientos fueron exhibidos por el acusado Sr. Sánchez Manzano con anterioridad ante el juez Del Olmo y ante la Comisión Parlamentaria de Investigación del 11-M. La actitud del Ministerio del Interior parece tener claras intenciones dilatorias u obstruccionistas del proceso que se sigue en la Audiencia de Madrid contra el ex jefe de los Tedax.

La mencionada asociación de víctimas –con el ánimo de relanzar el proceso– ha cursado a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados un escrito solicitando se inste al Ministerio del Interior la entrega de los procedimientos a la juez que entiende el caso. Hasta el momento no me consta que haya habido respuesta por parte de ninguno de los grupos parlamentarios.

Ayer saltó a algún medio de comunicación la noticia de que el SUP (Sindicato Unificado de Policía) se adhiere como acusación popular a la querella de la Asociación de Ayuda al 11-M. A pesar de ello, este sindicato mantiene al día de hoy la querella contra algunos periodistas que sostienen documentalmente la prueba de que el ex jefe de los Tedax cometió irregularidades en la recepción, custodia, análisis y declaraciones sobre las muestras.

Como complemento de las informaciones recientes conviene reseñar que el 27 de junio el Congreso de los Diputados celebrará el día de las Víctimas del Terrorismo. A pesar de que con anterioridad, y en memoria de los atentados de Madrid, el once de marzo ya fue declarado Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. ¿Qué mente malévola y qué víctimas inocentes se prestan a esta decisión vejatoria?

De las conversaciones que algunas víctimas del 11-M mantuvimos con el juez Gómez Bermúdez antes de iniciarse el juicio, recuerdo una frase de él que me impactó personalmente y que implícitamente compartí y comparto: "El atentado del 11-M ha sido fruto de una mente diabólica". Ni en la sentencia, ni en las investigaciones policiales, ni en la desastrosa instrucción, podemos encontrar un perfil de acusados o condenados que respondan a una mente diabólica. Para mí, un individuo así debe reunir las siguientes características:

  • Poseer un alma demoníaca y una mente perversa.
  • Capacidad mental para concebir un crimen tan monstruoso.
  • Poder personal para ejecutarlo con un control total de los acontecimientos.
  • Capacidad para explotar el éxito en el tiempo previsto.
  • Disponer de explicaciones y argucias para hacer creíble cualquier explicación de los hechos.
  • Eliminación sistemática de pruebas reales y exhibición de pruebas falsas. Aún recordamos lo de "Ni hay pruebas ni las habrá".
  • Poder político y social para silenciar y olvidar lo ocurrido.

Con estas características se podría elaborar el retrato robot de la persona o personas que supuestamente concibieron, ejecutaron, explotaron, escondieron y esconden todas las pruebas que pueden conducir al total esclarecimiento de los hechos.

Aquellos que amparan, ocultan, negocian y justifican de alguna forma al terrorismo y a sus agentes son igual de execrables y dignos de castigo que los que ejecutan las órdenes dictadas por sus mandatarios. Espero que un día no muy lejano tengan que rendir cuentas ante una Justicia independiente del resto de los poderes del Estado.

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