Si en tiempos de crisis el Gobierno no se puede andar con jueguecitos, mucho menos aún debe hacerlo cuando se trata del sistema financiero porque si el crédito no circula con fluidez, la crisis se agrava. Esto es lo que le está sucediendo en estos momentos a la economía española: nuestros bancos y cajas de ahorros no tienen liquidez porque el mercado les ha cerrado el grifo. En principio, se podría pensar que ello se debe a la mala situación de nuestro sistema crediticio, que, en buena medida, lo es ya que se estima que los bancos y cajas necesitan entre 35.000 y 50.000 millones para sanear sus cuentas. No obstante, si bien hay algunas entidades con problemas, en especial algunas cajas de ahorros, hay otras harto solventes, como ha reconocido esta semana Standard & Poor’s al Santander y al BBVA; pero, aún así, el mercado no discrimina entre buenos y malos y la sequía de recursos es la misma para todos, aunque sea injusto.
El problema es que el mercado no se fía de España, y buena parte de la culpa la tiene el Gobierno por querer tapar como sea las vergüenzas de unos y otros, en lugar de dejar que quiebre quien tiene que quebrar. Este es el quid de la cuestión. Los responsables de la quiebra de la Caja de Castilla-La Mancha se están marchando de rositas mientras el Banco de España ha tenido que enterrar allí miles de millones de euros para salvar la cara a los socialistas, en vez de permitir, como hubiera sido lo lógico, la quiebra de CCM. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene mucho más dinero para repetir la operación y se ha dedicado a promover fusiones de cajas de ahorros que han levantado aún más dudas. Los mercados contemplan los SIP como simple ingeniería financiera para maquillar las cuentas de quienes participan en ellos, en vez de verlos como una verdadera fusión, y, por tanto, dudan de lo que haya dentro de esas operaciones. Básicamente lo que dicen es que reunir varios agujeros hace un agujero más grande. Y, en otros casos, como la insistencia de los gobiernos regionales de Galicia y Andalucía, de no permitir fusiones interregionales de cajas para preservar intactos sus cotos de poder financiero, o el de la Junta de Castilla y León queriendo impedir a cualquier precio que Caja Ávila y Caja Segovia se unan al SIP encabezado por Caja Madrid, que es su salida natural, y los mercados sospechan que, además, pretenden esconder algo.
Para complicar más las cosas, el ajuste del sector inmobiliario sigue sin producirse porque el Gobierno ha intervenido de forma equivocada. Trató de salvar a las inmobiliarias y a los bancos y cajas comprometidos con ellas y con el crédito hipotecario y lo único que ha conseguido ha sido crear una rueda de refinanciaciones que agrava más la situación, tanto del acreedor como de la entidad crediticia. Los mercados, atentos como están a todo cuanto implique una pérdida potencial de dinero, contemplan con temor lo que puede pasar en el futuro el día que al sistema financiero español le falte la financiación privilegiada del Banco Central Europeo. Saben que, entonces, esa bola creciente que están creando entre unos y otros va a estallar y, como es lógico, no quieren que les coja la explosión. Y para evitarse males mayores no prestan a las entidades crediticias españolas. Esto pasa porque el Gobierno, en su empeño de que no quebraran ni cajas de ahorros ni inmobiliarias, intervino de forma equivocada y aquellos lodos trajeron estos polvos.
Ahora el Ejecutivo trata por todos los medios de limpiar la imagen del sistema crediticio español pidiendo insistentemente que se publiquen los test de resistencia del sector en la Unión Europea, con el fin de que, con la comparación, se pueda aliviar la presión que hoy sufren los bancos y cajas españoles y se vuelva a abrir el grifo del crédito para ellos. Porque lo que padecen muchos de ellos no es un problema de solvencia, sino de liquidez. Sin embargo, es posible que no baste con ello, ni con la intención del Gobierno de comprar a bancos y cajas activos sanos para facilitarles liquidez, con cargo al FROB, entre otras cosas porque el FROB se financia con emisiones de deuda pública y España, en este terreno, se encuentra cerca de ese punto en el que se disparan todas las alarmas respecto a la capacidad de pago del Estado, sobre todo como se confirmen los presagios de una nueva desaceleración mundial provocada por una nueva caída de Estados Unidos en la recesión, y como nuestro país siga sin crear empleo.
La estrategia del Gabinete, por tanto, ha de ser la de restaurar la confianza en nuestro sistema financiero, lo que, en gran medida, equivale a decir en la economía española. Lo cual implica un ajuste presupuestario drástico, una verdadera reforma laboral y otras medidas que el Gobierno se resiste a tomar. Igualmente, el Ejecutivo debe arrojar luz sobre el verdadero estado del sistema crediticio y sus compromisos relacionados con el sector inmobiliario, dejando que quiebre quien tenga que hacerlo para que se acabe de una vez todo este lío de refinanciaciones y permitiendo que se produzca el verdadero ajuste del sector inmobiliario, con el fin de que salga a la superficie la verdadera realidad del mismo y, de paso, se pueda empezar a reactivar el sector de la construcción. Es la confianza, por tanto, la piedra fundamental para que nuestros bancos y cajas superen sus problemas porque a lo que se enfrentan hoy por hoy no es tanto a una crisis de solvencia como de liquidez, derivada de la falta de credibilidad en nuestra economía y su sistema financiero.