Posiblemente la institución más influyente de España sea la SGAE. Tanto, que ni los grupos políticos con mayor poder en España, que son los nacionalistas minoritarios, han tenido el valor de intentar acabar con ella, ni de pedir una SGAE vasca o catalana. También es verdad que, al menos en Cataluña, la cultura de consumo, de éxito y de valor artístico viaja en dirección contraria al cine, a la música o al teatro nacionalista subvencionado, ruinoso y de escaso valor. Pero, como les decía, al nacionalismo abrasador no le ha dado nunca por ahí. Han pedido de todo en su versión autonómica nacional: un tribunal constitucional propio, defensor del pueblo, agencia tributaria, consejo de estado, policía, un poder judicial, televisiones o el caudal de los ríos. Y en materia de libertad, ante la pasividad de la clase política y periodística española que sólo ha reaccionado ante la cuestión taurina, han expulsado al castellano de la educación, de la función pública, del cine o de los comercios, metiéndose en la vida del prójimo hasta unos niveles intolerables. Pero con la SGAE ni un pelo.
Desde luego, eso debe tener alguna explicación, aunque yo les tengo que reconocer que no soy capaz de dársela. Es más, los nacionalistas y las entidades de gestión se comportan de modo muy similar y una SGAE nacionalista no hubiera hecho nada que los nacionalistas no hagan habitualmente ni que la SGAE no haga habitualmente. Vamos, que el atropello es su forma de actuar habitual. Piensen que lo que ha hecho la SGAE con bares, peluquerías, residencias o autobuses de línea no es muy diferente, por lo injusto, que lo se hace en estos lares con los establecimientos que rotulan en castellano. Y en ambos casos la Justicia, que vive al margen de la realidad y del sentido común, les da la razón, como pasó con el pobre señor Nevot. Por otro lado, la apariencia les hace atribuirse una representación que no tienen, unos sobre los artistas y otros sobre, nada más y nada menos, que el pueblo de Cataluña, perjudicando tanto a los artistas como a los catalanes. Ambos reivindican la legalidad para lo que les interesa, pero no dudan en saltársela o en sortearla cuando les conviene. Sin ir más lejos, pese a que hace años que la Unión Europea dijo que el canon digital no debía aplicarse de forma indiscriminada a empresas o a administraciones públicas, la SGAE considera eso "una mala idea", dejando un recado para el que lo quiera oír. Eso sí, si hay que forzar la legalidad se fuerza, como en el caso de las descargas, en el que se pretende cortar las comunicaciones, es decir, un derecho fundamental, para solucionar una cuestión meramente civil como es la titularidad del derecho de propiedad intelectual. Y ambos han conseguido influir en el Gobierno, bien directamente a través de un ministerio ad hoc, bien en el Congreso. Incluso el PP lo sufrió durante años en su seno con la señora Rodríguez Salmones, una especie de caballo de Teddy.
Ya les digo que no soy capaz de darles una explicación de por qué los nacionalistas han respetado la unidad de la SGAE, pero el caso es que es de lo poco que queda que puede llamarse nacional; nacional de España, que no está mal. Otra cosa no, pero esto se lo hubiéramos dado con un lacito.