Ya no cabe duda: en la nueva estrategia negociadora, el Gobierno está recurriendo a los llamados "históricos" de ETA (pm), provenientes y protagonistas de la ruptura milis-polimilis, que se caracterizan por dos cosas. Primero, por ser responsables de los más salvajes crímenes de los años ochenta. Se trata de terroristas que usaron el coche bomba como arma devastadora, y que practicaron la acumulación de cadáveres como arma política contra el Estado. Son los que idearon, organizaron y ejecutaron el terror en masa en –entre otros sitios– la capital de España. Son, pues, asesinos brutales. Segundo, se trata de etarras con muchos años de cárcel a sus espaldas, a los que les esperan muchos más, quizá morir en la cárcel o salir sólo para morir. En condiciones normales, tendrían un futuro oscuro por delante.
Se trata de un selecto y enchironado club de asesinos en serie, que cuentan en su haber con muertos y mutilados como nadie. Son los últimos "duros" de ETA, antes de la generación de la "kale borroka", la del hachís y los pendientes en la oreja. Como los alevines de la actual ETA, los etarras de Rubalcaba están profundamente fanatizados; pero a diferencia de éstos no son víctimas de la ikastola y la ETB, sino que decidieron maduramente a finales de los setenta atacar a la democracia para doblegarla. Los etarras de Rubalcaba eligieron conscientemente en su día matar españoles en vez de convivir con ellos.
Pero también son conscientes de que ETA va camino de ser aniquilada y, si eso ocurre, su destino será pudrirse en la cárcel. Su única esperanza, tras años matando y años de prisión, es un trato de ETA con los socialistas, los únicos que han estado dispuestos a sacarlos de la cárcel.
Rubalcaba les ofrece la única salida posible para rehacer sus vidas. Porque el objetivo de sus medidas penitenciarias no es la reinserción individualizada –hay etarras realmente arrepentidos que hace años se acogen a ello– sino impulsar el proceso negociador con la banda. Por eso el requisito que Rubalcaba exige a sus etarras es calculadamente vago y abstracto. Las cartas son de una cuidadosa ambigüedad, lo mismo que las otras pruebas esgrimidas por el ministro. Los etarras sólo afirman no formar parte de la banda y estar desvinculados de ella. No muestran ningún arrepentimiento sobre sus crímenes, ninguna renuncia a su pasado, ninguna empatía o piedad hacia sus víctimas, ningún remordimiento moral. En ningún lugar del mundo la actitud de los etarras de Rubalcaba tendría valor alguno para beneficios. Lo que sabemos sólo muestra a un grupo de fanáticos terroristas cansados y envejecidos que aprovechan lo que el gobierno les ofrece para firmar un papelucho justificativo que les permita salir a la calle. Pero permite al gobierno decirnos que están arrepentidos. No hay prueba alguna de ello.
A cambio, son usados por el gobierno para obligar al sector de ETA mas enrocado a sentarse a negociar. El argumento histórico-político es simple. Y verdadero: ETA está perdiendo, desaparecerá, y la única manera de que la banda no pierda del todo es la mano que le tiende Zapatero, que incluye la irrupción de la izquierda proetarra en las instituciones, su blanqueo, y el inicio de un proceso de cambio de estatuto jurídico en el País Vasco y Navarra, con socialistas vascos y etarras y/o ex etarras como mayoría progresista. A ZP le hace falta la izquierda abertzale para solucionar lo que parte de los socialistas llaman "el problema vasco". Si no sale, y si el PP vuelve al poder, a ETA no le quedará esperanza alguna, el plan de confederalización socialista fracasará, y con él la "solución ZP", política de raíz. Para evitarlo y lograr el acuerdo, Rubalcaba usa con los más recalcitrantes de ETA el palo de las detenciones, lo que además sirve para calmar susceptibilidades en la oposición; para los etarras menos resistentes, los expulsados de los ayuntamientos y los presos –cursimente llamados "posibilistas"–, usa la zanahoria, que es doble. Primero, la relegalización política del aparato institucional de ETA –el que pactará con el PSE–, con lo que supone para cientos de militantes liberados rehabilitados; y segundo, el acercamiento y los privilegios a dedo de los presos etarras, con lo que supone para decenas de familias de asesinos.
Con los encarcelados presionando para poder solucionar lo suyo, el aparato político haciendo lo mismo, y Rubalcaba golpeando, la cúpula etarra estaría muy presionada por múltiples vías para sentarse y negociar a la baja con Zapatero, e ir a medio plazo a un escenario a la catalana, de voladura constitucional dirigida por el PSOE y el abertzalismo. El resultado, el cambio político-institucional en el País Vasco, el fin de la vigencia constitucional, y el inicio del proceso para la integración de Navarra. Lo cual no debe sorprendernos, porque constituye el programa político de Eguiguren para el País Vasco, con el que el PSOE, el de ZP y López, negoció con ETA en 2006. Lo que éstos ofrecen no es lo que ETA exige, pero se le acerca mucho; desde luego está más cerca del independentismo que del constitucionalismo español, como se vio en Loyola, donde un PNV asombrado observó hasta dónde estaban los socialistas dispuestos a llegar. Entonces la banda lo rechazó por ser lento y escaso, pero hoy está tentada a aceptarlo como mal menor. Para presionarla están los etarras de Rubalcaba agrupándose en Nanclares de Oca: su medio-victoria, la derrota del Estado de Derecho y de España, está más cerca que nunca. ¿Lo conseguirán treinta años después de iniciar su carrera de crímenes?