Es bien sabido que el principal objetivo de este Gobierno no es el bienestar general de los españoles, sino adaptar la sociedad a su particular molde ideológico. Lo que busca es regular al máximo la vida de los ciudadanos y convertirlos en meros apéndices del Gran Estado. El tabaco, el vino, la Iglesia, el aborto, la memoria histórica o las personas dependientes han sido hasta la fecha algunos de sus objetivos. Ahora, en plena campaña para las primarias del PSM, Trinidad Jiménez ha presentado la Ley de Seguridad Alimentaria con un objetivo muy claro: influir y determinar nuestros hábitos alimenticios
De acuerdo con el texto del proyecto de ley, el Gobierno podrá controlar qué alimentos y bebidas se dispensan en los colegios y podrá sancionar todas aquellas conductas que considere discriminatorias por razón de obesidad. Es decir, por un lado el Ejecutivo trata de poner coactivamente a dieta a niños y a jóvenes en los colegios y, por otro, prohíbe que se pueda practicar uno de los mecanismos con los que cuenta la sociedad para manifestar de manera pacífica aquellas conductas que le desagradan –la discriminación.
Sin embargo, la cuestión de fondo es cómo ha sido posible que lleguemos a esta situación en la que el Estado se cree legitimado para inmiscuirse en las cuestiones más básicas de nuestra vida. Nadie duda de que la obesidad en ocasiones puede ser un problema, pero, en primer lugar, le corresponde a la propia persona determinar si es un problema que le merece la pena corregir y, segundo, en caso de que así fuera debería ser ella (y sus familiares, amigos y otros individuos a quienes pueda pedir ayuda) quienes lo solucionen.
La función tradicional del Estado era simple y llanamente evitar que los individuos se agredieran entre sí. Las actividades que pacíficamente acordaran las personas o aquellas otras que cada cual realizara dentro de su propiedad privada sin afectar al resto de ciudadanos, se consideraban ajenas al imperium estatal.
No obstante, durante las últimas décadas los Estados occidentales han ido asumiendo cada vez más parcelas de control sobre nuestras vidas. Han llegado al extremo de perseguir las conductas de aquellos individuos que sólo se "perjudican" (si es que cabe calificarlo de este modo) a sí mismos. Son los llamados "crímenes sin víctima", en los que el Gobierno sanciona y persigue conductas pacíficas en aras de lograr un objetivo más elevado. En nuestro caso, ese objetivo más elevado es el credo socialista; en concreto el credo de Zapatero, según el cual la sociedad no es más que un conjunto de arcilla moldeable según los estándares de lo políticamente correcto.
El riesgo de este tipo de políticas, más allá de los recortes de libertad de los directamente afectados o del recurso cada vez más frecuente a la vía judicial para resolver problemas sociales, es doble. A corto plazo, las personas se van volviendo menos autónomas y más dependientes de lo que el Gobierno establezca en cada momento qué es bueno y qué es malo; la responsabilidad individual se diluye y el exceso de confianza en los políticos puede conducir a los ciudadanos a seguir acríticamente fines poco recomendables (en Estados Unidos, por ejemplo, existe un enconado debate sobre si la pirámide alimenticia que desde hace décadas promociona su gobierno promueve, o no, dietas poco saludables). A largo plazo, se trata de un nuevo asalto a nuestras libertades; un pasito más hacia la voladura de todos los diques de contención del intervencionismo estatal.
Aun cuando esta ley fuera una mera campaña de propaganda electoral de Trinidad Jiménez sufragada por el erario público, sus efectos a largo plazo sobre nuestra calidad democrática e institucional deberían inquietarnos. Conociendo el sectarismo ideológico del personaje que preside el Ejecutivo (y de cuantos pueden sucederle en el cargo), deberíamos preocuparnos seriamente.