En mayo de este año los mercados nos dieron un aviso muy serio: no confiaban en las posibilidades de nuestro país para devolver todo el dinero que durante una década se le había ido prestando. Se negaron en rotundo a seguir dándonos crédito salvo a unos tipos de interés prohibitivos lo que, de acuerdo con muchos analistas, nos situó al borde de la suspensión de pagos. Los miembros de la zona del euro se pusieron manos a la obra y, al tiempo que aprobaron un megaplan de rescate de 750.000 millones de euros, exigieron a nuestro país reformas inmediatas en dos frentes: el presupuestario y la regulación laboral.
Dado que en apariencia el Ejecutivo español, pese a su evidente desgana, se puso a trabajar en ello, los inversores internacionales renovaron parte de su confianza en nosotros y volvieron a prestarnos dinero. Sin embargo, esa relajación de las tensiones financieras sólo ha conducido a Zapatero a incumplir sus ya de por sí poco ambiciosos objetivos. Después de las rebajas en el ya raquítico recorte del gasto público, ayer se produjo la contrarreforma destinada a descafeinar la reforma laboral.
Nuestro mercado de trabajo tiene varios problemas, pero dos de los más importantes pueden resolverse a corto plazo sin mayores repercusiones. Uno es el excesivo coste del despido, que actúa como freno no sólo al despido sino sobre todo a la contratación. El otro es la absurda disociación entre la evolución de la productividad y la de los salarios –durante los años de la crisis los salarios crecieron más que durante los años de prosperidad– que introducen los convenios colectivos y que provoca que nuestro mercado laboral sólo pueda adaptarse a los contratiempos convirtiéndose en una máquina de despedir gente.
La reforma laboral incide en estos dos problemas, pero sin solucionar con claridad ninguno de ellos. Para atajar el elevado coste del despido propone socializar parte de los costes a toda la sociedad –lo que hará que los empresarios eficientes carguen con los costes artificiales de los ineficientes– y extender el contrato de fomento del empleo con una indemnización de 33 días por año trabajado –algo que sólo afectará a los eventuales contratos futuros y no a los vigentes. Después de eliminar el aclarador "punto y coma" del enunciado de la ley, la extensión del despido objetivo –20 días por año trabajado– al conjunto de la sociedad quedará a la discrecionalidad de los jueces de lo laboral, lo que en la práctica asegura indemnizaciones de 33 días más costes judiciales a cargo del empresario.
Por otra parte, para remediar la rigidez salarial de los convenios colectivos se introduce la posibilidad del descuelgue del convenio para las empresas con dificultades, pero, de nuevo, todo queda a discreción del arbitraje jurídico. Nada garantiza que las empresas que breguen por sobrevivir puedan ajustar sus salarios a la baja, de modo que, mientras tanto, las compañías seguirán desapareciendo y despidiendo a trabajadores.
Las mejoras de la reforma laboral prometidas para verano –y que en parte llegaban introduciendo el punto y coma para reducir la excesiva discrecionalidad de los jueces– se han quedado en nada. El Gobierno ha creído que no había ninguna necesidad de aprobarlas; no ya por la amenaza de una huelga general que más bien parece dirigirse contra los empresarios y el PP, sino por motivos más simples.
La razón por la que Zapatero ha aprobado este fraude de reforma laboral es llanamente porque su sectarismo ideológico le impide reconocer que el socialismo es un fracaso y que hay que abandonarlo. El problema es que, si hay un próximo mayo (y si Zapatero sigue en el Gobierno lo habrá), ya nadie creerá en nuestras promesas de cambio. Entonces la única solución será la dimisión en bloque del Ejecutivo y apechugar con una enorme crisis económica. Claro que Zapatero se irá a casa de rositas con sus prejuicios ideológicos y los ciudadanos sufriremos durante lustros las consecuencias de sus disparates.