Si bien en la sesión de control celebrada en el Senado, el presidente del Gobierno negaba la situación desastrosa de la economía española, y al socaire de la negativa se negaba a plantear la adopción de las verdaderas medidas contra la crisis, todo esto en sí mismo no es lo más grave. Ni siquiera los cinco millones de parados que nos afrontan ante nuestros socios europeos son lo más grave. Si EEUU fue capaz de sobreponerse a los desastrosos Roosevelt, o Carter, los españoles seremos capaces de superar los desastres de Zapatero, aunque nos cueste el triple que a nuestros compañeros de la eurozona.
Lo verdaderamente preocupante es la utilización de la crisis como coartada para debilitar y vaciar sistemáticamente de contenido el Estado de Derecho, los derechos y libertades de los ciudadanos, y sus garantías. Iniciada la crisis, el Gobierno aprovechó la cascada de cierres de empresas para plantear la ley de despenalización del aborto, que siguiendo el modelo cubano convierte ese asesinato vergonzante que es el aborto en herramienta estrella de planificación familiar.
Se trata de un paso más en el proceso de ingeniería social al que está sometida España desde que los progres asaltaron el poder, con la aquiescencia de los españoles. Llevamos años de oír hablar a los políticos del Estado, en lugar de referirse a España, como si la realidad sociológica española fuera una mera agregación política surgida de la derrota del bando republicano en el 39, y no un proyecto social, cultural e histórico común desde hace mil años.
La última vuelta de tuerca nos la ha apuntado el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Ha esbozado un proyecto de reforma del Ministerio Fiscal que conducirá indefectiblemente a una mayor politización de la justicia, y en consecuencia a la pérdida de garantías para los ciudadanos. Como es sabido, el Ministerio Fiscal tiene dependencia jerárquica, mientras que los jueces son independientes. Hasta ahora, la instrucción de las causas penales era dirigida por un juez de instrucción. Si la reforma de Caamaño triunfa, la instrucción será conducida por el Ministerio Fiscal al dictado de sus superiores, y la cúpula de la fiscalía la ocupa el Fiscal General del Estado, que es un cargo político y que en España ha venido actuando mansamente al dictado del Gobierno.
Si estos chicos del PP, y demás comparsas del parlamento, no espabilan, se van a ver a merced del Gobierno en la instrucción de las causas seguidas contra ellos. De tal forma que lo de Palma Arena, Brugal y tantos otros sumarios de actuación sonrojante de la Fiscalía van a quedar en una nimiedad comparado con lo porvenir. Así que si bien hay que ocuparse de la crisis económica, que gracias a Zapatero padecemos, urge ocuparse de Caamaño y la justicia, porque de lo contrario con la coartada de la crisis acabaremos viendo a la escultura de la balanza, en lugar de con los ojos vendados, con unos prismáticos sectarios.