La Guardia Civil es una Institución básica en la defensa de nuestro Estado de Derecho. Como componente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tiene encomendada por la Constitución la misión de garantizar nuestros derechos y libertades. Lo hace, con enorme eficacia, defendiendo nuestra seguridad a miles de kilómetros en Afganistán y otros muchos países, luchando contra el terrorismo de ETA o garantizando la seguridad ciudadana en miles de pueblos, ciudades y carreteras de nuestra geografía. Es por todo ello una de las instituciones mejor valoradas y más respetadas por los ciudadanos.
El éxito histórico de la Guardia Civil, camino ya de sus dos siglos de existencia, reside en una serie de valores que han estado presentes en generaciones de guardias civiles desde su fundación: la vocación de servicio, la disciplina, la honradez, la profesionalidad y la austeridad. La combinación de la naturaleza militar del Cuerpo y su firme vocación policial ha contribuido sin duda a ese éxito histórico y mantiene hoy, en mi opinión, plena vigencia. Un Cuerpo de Seguridad de esta naturaleza no sólo ha permitido salvaguardar esos valores a lo largo de su historia, sino que ofrece al Estado un poderoso recurso para garantizar la seguridad interior sin tener que recurrir a la utilización siempre compleja de las Fuerzas Armadas dentro de las propias fronteras y permite al Gobierno disponer de un instrumento en su política exterior especialmente valorado por nuestros socios y aliados.
Hoy la Guardia Civil atraviesa una preocupante crisis interna cuyo mayor exponente son las constantes movilizaciones de guardias civiles desde que Alfredo Pérez Rubalcaba es ministro del Interior. Creo sinceramente que el Gobierno actual tiene una enorme responsabilidad en esta situación. En primer lugar, porque los socialistas siempre han mantenido un inaceptable doble discurso sobre la Guardia Civil. Cuando están en la oposición hablan de una progresiva desmilitarización, les prometen la equiparación salarial con otros cuerpos de seguridad y mantienen un idilio con las asociaciones de guardias civiles. Pero cuando llegan al poder hacen justo lo contrario. Se olvidan de sus promesas y redescubren las excelencias de su naturaleza militar, les bajan aún más sus sueldos y arremeten con el régimen disciplinario contra los dirigentes de sus asociaciones. Lo mínimo que piden los guardias civiles es que no se les engañe tan burdamente.
Pero ya en el poder, el Gobierno socialista ha seguido generando unas expectativas de mejoras profesionales y de aumento de derechos que se han visto frustradas por la realidad. La lista de promesas incumplidas sería larga, pero basten algunos ejemplos. En la Ley de Carrera Militar el Gobierno tiene un mandato para elaborar un proyecto de Ley de personal de la Guardia Civil, pero ese proyecto se pudre en algún cajón del ministerio del Interior. En la Ley de Régimen Disciplinario hay también un mandato para aprobar un Real Decreto de misiones de naturaleza militar, pero el Gobierno es incapaz de sacarlo adelante. El ministro del Interior se comprometió a una nueva regulación de la jornada de servicio, pero ésta solo se ha producido ante la amenaza de movilizaciones. La Guardia Civil está siendo además una de las Instituciones más castigadas por la crisis en términos de oferta de empleo, inversiones o retribuciones.
Hay además un fracaso de los instrumentos internos para canalizar el descontento a través del diálogo. El Gobierno legalizó la existencia de las asociaciones profesionales, pero ahora las trata peor que cuando eran meras asociaciones culturales. El Consejo de la Guardia Civil se está mostrando menos eficaz para resolver los problemas que el anterior Consejo Asesor de Personal creado por los Gobiernos del PP. Muchos guardias civiles consideran que en seis años de Gobierno socialista no solo no se ha avanzado en sus condiciones y en sus derechos profesionales, sino que han retrocedido.
España no puede prescindir de la Guardia Civil. Mantener un cuerpo de seguridad de naturaleza militar, como hace la mayoría de los países de nuestro entorno (Francia, Italia, Portugal u Holanda), nos permite disponer de un instrumento esencial para hacer frente a los principales desafíos de nuestra seguridad dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero la naturaleza militar no puede ser una coartada para que la Guardia Civil sea el Cuerpo de Seguridad que más horas trabaja, que menos cobra y que es peor tratada por el Gobierno. Precisamente porque los guardias civiles tienen limitados determinados derechos políticos o sindicales, el Gobierno debería ser especialmente sensible a sus demandas. Nada sería más eficaz para defender la propia naturaleza y existencia de la Institución.