Hablar de servicios mínimos en España es desde luego una grosería y un insulto para todos aquellos millones de trabajadores que este próximo miércoles verán conculcado su auténtico derecho a la huelga, a saber, el derecho a no hacer huelga y poder acudir a trabajar. Porque lo otro, saltarse la jornada laboral sin ser sancionado por ello, no es un derecho –a menos que así se haya pactado por las partes en las cláusulas contractuales– sino un privilegio estatal por el que se concede una dispensa a cumplir los contratos; como privilegio es que, con tal de conservar prebendas y gabelas, esos cuerpos intermedios tan propios de toda "democracia" orgánica como son los sindicatos se arroguen la capacidad de organizar una sublevación política –que no otra cosa son las huelgas generales– destinada a paralizar un país y de disuadir a golpe de cachiporra a todos aquellos que deseen trabajar.
Aquelarre máximo en el que quienes por acción u omisión han impedido que casi millones de españoles encontraran empleo durante los últimos años protestan por la existencia de esos parados contra una reforma laboral totalmente descafeinada que ha sido aprobada por su siamés Gobierno izquierdista al que no quieren desgastar, pues de él maman con fruición.
Pues bien, son estos señores de la pistola de silicona quienes se ponen a hablar de tú a tú con los gobiernos regionales y con el nacional para pactar unos mal llamados "servicios mínimos" sobre el transporte público. Digo mal llamados porque los acuerdos que se alcanzan nunca han pretendido obligar a un "mínimo" de los trabajadores del ramo a que ese día acudan a su puesto, sino a fijar un tope máximo en la circulación de ferrocarriles, metros y aviones.
Uno se pregunta quién es el Gobierno –cualquier gobierno– para impedirle a un ciudadano que acuda a trabajar, pero desde luego todos deberíamos plantearnos quiénes son estos señores para prohibírselo, cerrando con la misma jugada las redes de comunicación de todo el país. Y es que en la actualidad la clave para que la huelga triunfe desde un punto de vista mediático no consiste en convencer a los ciudadanos de que se queden en casa porque los sindicatos tienen razón, sino en forzarles a que se queden en casa porque no les quede otro remedio; ya sabe, porque los piquetes les "informan" de lo beneficioso (para su salud) que sería reposar en el hogar o porque carreteras, vías y espacios aéreos estén cortados. Lo que se pretende es hacer una demostración de fuerza, amilanar a la sociedad y sentarse a negociar con el Ejecutivo para recabar más privilegios en el futuro.
Si nuestros representantes políticos no les plantan cara y se niegan a aprobar unos ridículos servicios máximos, si el responsable de Interior está a otras cosas que nada tienen que ver con garantizar la seguridad de los españoles sino más bien con conculcarla, ¿podemos hacer algo frente a esta marabunta discivilizadora y anticapitalista que son los sindicatos y sus piquetes parapoliciales? Sí, sirvámonos de nuestra dispersión y de nuestras conexiones en red; valgámonos de todos los instrumentos audiovisuales –cámaras, móviles, netbooks...– que ese capitalismo que tanto detestan ha abaratado y puesto a nuestro alcance. Si los sindicatos buscan un golpe mediático impidiendo que los ciudadanos vayan a trabajar, los ciudadanos podemos responderles con un contragolpe grabando y fotografiando los violentos métodos con los que esperan lograr sus objetivos. Coloquemos millones de cámaras registrando por todos los puntos del país sus pacíficas movilizaciones.
Puede que ellos consigan controlar las portadas de los rotativos de papel, pero nosotros tendremos internet. No es suficiente todavía para contrarrestar su propaganda, pero al menos podremos ponerle fin a la mediática impunidad con la que operaban hace apenas diez años. El 29-S, grábelo todo.