Imaginemos que nos comprometemos a pagar una hipoteca durante 35 años. Para nuestra sorpresa, un día el banco nos llama para avisarnos de que han prestado a demasiada gente, y que, para no hundirse, han decidido que tendremos que pagar durante dos años más, y que, además, nos tienen que cambiar la casa por una un 5% más pequeña. La situación podría parecer inimaginable, ya que, si ocurriera, la ley obligaría a la empresa a vender sus activos para devolvernos el dinero, y luego a juzgar a los estafadores. Sin embargo, esto es lo que acaba de suceder con la Seguridad Social, el sistema español de reparto de pensiones públicas. Ha vuelto a suspender pagos.
En los últimos días los políticos nos han anunciado con tono mesiánico que han salvado el sistema de pensiones en el marco del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo, aunque parezca lo contrario, es un aparato antidemocrático. No es un escenario transparente de competencia política, que ofrezca la posibilidad ciudadana de votar entre varias opciones. Es un sistema opaco y totalitario que prohíbe por ley a los partidos "hacer política", es decir, presentar a los ciudadanos alternativas que puedan votar en unas elecciones democráticas. El caso es que, en el Pacto de Toledo, los políticos han decidido alargarnos dos años más la edad de jubilación obligatoria, y a la vez nos rebajan un 5% las pensiones mediante la ampliación de la base de cálculo de 15 a 20 años. Y eso, de momento.
El sistema de pensiones público, aunque no lo parezca, es un residuo del sistema esclavista. Nos impone la obligación de trabajar durante un mínimo de 35 años por una mísera pensión media de 870 euros al mes, y no nos da carta de libertad hasta los 67 años. Claro, que no todos tienen la misma jubilación: los políticos alcanzan la pensión máxima con cuatro años de cotización; los ministros y presidentes regionales, además, reciben un sueldo extra por dos años; y el presidente del Gobierno, director de orquesta del sistema, así como los presidentes de Cataluña, País Vasco y Andalucía, disfrutan de sueldo vitalicio.
La salida pasa por cambiar a un sistema de capitalización de pensiones como el chileno o el sueco. Y, si es posible, gestionado por cada individuo, pues nadie estará más interesado en que vaya bien que los que lo van a disfrutar. Con este sistema, cada ciudadano cotiza para su propio plan de pensiones, descartando toda amenaza demográfica o política, y obtiene más o menos rendimiento adicional del capital en función del nivel de riesgo que cada uno esté dispuesto a asumir. Como explicaba Libertad Digital, si un ciudadano con salario medio capitaliza la cantidad que actualmente le detrae la Seguridad Social, podría jubilarse a los 45 años, tras 20 años de trabajo, con una pensión mensual de 2.169 euros. Si se jubilase a los 55 años, la cantidad ascendería a 5.900 euros. Un trabajador con salario mínimo interprofesional podría retirarse a los 55 años con una pensión de 1.800 euros al mes. E incluso estableciendo una retención del 25% para hacer un fondo común para los más necesitados, la pensión media sería de 3.722 euros.
El actual sistema de pensiones es un latrocinio generalizado que sigue el mismo esquema piramidal por el que Madoff fue condenado a 150 años de prisión. No sólo nos supone una enorme y masiva pérdida económica, sino que además la forma actual de cotizar es una máquina de destruir empleo. Sin embargo, el motivo principal para pasar a un sistema de capitalización en el que seamos soberanos de nuestras vidas, no es el económico. Es que la Seguridad Social nos convierte en dependientes del Estado, a cargo de unos políticos que se quedan el 30% del total de lo aportado. Es una cuestión de pura libertad. Exijamos un sistema de capitalización para quitarnos, de una vez por todas, los grilletes que nos impiden hacernos con el control de nuestras propias vidas.