Si algo ha caracterizado al mejor PP, el de Aznar y el de los primeros cuatro años de Rajoy en la oposición, ha sido sin duda alguna su clara política antiterrorista: nada fuera de la ley, todo dentro de ella. Si el PSOE sólo ha sabido tratar a ETA violentando la legalidad –ya fuera con los GAL o con el proceso de rendición de la pasada legislatura– el PP siempre tuvo claro que era imprescindible emplear todos los instrumentos políticos, policiales, jurídicos y sociales para combatir a la banda terrorista.
Se trataba de deslegitimar dentro y fuera de nuestras fronteras al nacionalismo, ideología rupturista y cainita de cuya radicalización emergió y se nutre ETA; de mejorar la eficacia policial a la hora de prevenir los atentados y capturar a los criminales, lo que incluía la colaboración con las fuerzas de seguridad de otros países; de mejorar la legislación para que las sanciones a los terroristas fueran merecedoras de tal nombre; y de movilizar a toda la sociedad para arrinconar y marginar a los etarras y a quienes los apoyan.
El PSOE dinamitó a partir de 2004 esta exitosa estrategia, con la que se había logrado poner a ETA contra las cuerdas. Los socialistas les entregaron a los asesinos el balón de oxígeno de la negociación, esto es, la esperanza de obtener un rédito político por su actividad criminal. El PP se opuso desde el comienzo a esta infame política y no dudó en sumarse a la rebelión cívica liderada por las asociaciones de víctimas del terrorismo. Gracias a ello, el PSOE no fue capaz de liquidar lo suficientemente rápido el Estado de derecho y no pudo entregarle a la banda todo lo que ésta exigía.
Hoy nos encontramos en una situación muy parecida a la de esos negros años de 2005 y 2006. Los socialistas niegan que estén negociando con ETA, la banda terrorista ha declarado una tregua-trampa, jueces y fiscales se ven presionados por el poder político para que ensucien sus togas en el polvo del camino, y los medios afines al Ejecutivo se dedican a lavar la imagen de una parte del entramado de ETA –convirtiéndolos en hombres de paz– para permitir que Batasuna o sus partidos pantallas sigan en las instituciones.
Sólo hay un factor que cambia –y para peor– con respecto a la primera paz sucia de Zapatero: la postura del Partido Popular. De momento el PP continúa amenazando con romper el consenso en política antiterrorista y con dejar de sostener al Gobierno vasco en caso de que Batasuna pueda presentarse a las próximas elecciones. Sin embargo, hasta que ese momento llegue, los populares observan impasibles cómo se van colocando todas las piezas para consumar la traición a las víctimas y al conjunto de los españoles.
Dice Rajoy que se siente informado sobre ETA, en cuyo caso caben tres hipótesis: o que apoya el proceso de rendición ante la banda, o que Zapatero ha engañado a Rajoy, o que Rajoy quiere engañar a los españoles. En cualquiera de los tres casos –todos ellos bastante compatibles con la oposición de nula intensidad que Arriola aconseja– los motivos para apoyar el Partido Popular se reducen de manera muy considerable.
El próximo sábado 6 de noviembre las asociaciones de víctimas Voces contra el Terrorismo y Verde Esperanza han convocado a la ciudadanía para rebelarse contra la negociación del Gobierno con ETA. Rajoy tiene una ocasión para redimirse. Tal vez la última.