Que el Gobierno de Zapatero es el más sectario y frentista de cuantos hayamos padecido en nuestra reciente historia es algo que nadie niega, ni siquiera sus más radicales seguidores que precisamente siguen otorgándole su apoyo en virtud de ese sectarismo en el fondo y en las formas. Tampoco debería de haber demasiadas dudas sobre el hecho de que uno de los grupos sociales a los que este Gobierno socialista ha tratado de perseguir, despreciar y marginar con más saña han sido los católicos. No por casualidad, a Zapatero le agrada definirse como laicista, que en su lenguaje no equivale a demandar la muy liberal –y muy cristiana– separación entre la Iglesia y el Estado, sino a erradicar cualquier manifestación pública de la fe católica.
A buen seguro, en todo esto estaría pensando Benedicto XVI cuando en su visita a España ha alertado contra el "laicismo agresivo" que se vive en nuestro país; laicismo agresivo que habrá podido comprobar en su propia piel con las muestras de odio de los grupúsculos y lobbies afines al socialismo radical y con el desprecio del mismo Zapatero, quien sólo se ha dignado a dedicarle diez minutos en una visita que ha durado dos días.
Por supuesto Zapatero es muy libre de sentir a título particular cualquier tipo de alergia hacia la Iglesia Católica, pero no convendría olvidar que como presidente del Gobierno de España es el representante de todos los españoles y está sometido a nuestra Carta Magna. Teniendo en cuenta que una mayoría de españoles se sigue calificando como católica y que nuestra Constitución, en su artículo 16.3, les exige a las autoridades que tengan en cuenta "las creencias mayoritarias" de los españoles (con especial mención a la Iglesia Católica), el desplante de Zapatero al líder religioso de esa gran mayoría de españoles tiene escasa justificación más allá de su genética predisposición a gobernar contra la mitad del país.
Todo lo cual, huelga decirlo, no tiene nada que ver con concederle a la Iglesia un papel legislativo que efectivamente no le corresponde. Una cosa es que el Estado no deba otorgarle privilegios a ninguna confesión y otra que el Estado emplee sus recursos para combatir activamente toda manifestación religiosa. Quienes conozcan mínimamente la producción intelectual de Joseph Ratzinger tendrán bien clara esta distinción y serán conscientes de que el actual Papa ha sido desde siempre uno de los principales defensores de que el Estado deba estar completamente separado de la Iglesia –tanto en beneficio del Estado como, sobre todo, en beneficio de la Iglesia–, sin que ello signifique que los políticos deban dedicarse a perseguir o a asfixiar la inviolable libertad religiosa de los individuos y de sus asociaciones, o que se le daba imponer a la Iglesia una mordaza a la hora de opinar sobre cuestiones políticas.
La visita del Papa a España debería haberse tratado con respeto por parte de quienes no compartan la fe católica y con natural devoción por parte de quienes sí lo hagan. En cambio, como viene siendo cada vez más habitual, los laicistas agresivos se han dedicado a insultar a los católicos en las calles y, con más disimulo, en las instituciones; esto es, han tratado de inmiscuirse de lleno en unos asuntos que ellos mismos aseguran que deben pertenecer a la esfera privada.
De hecho, lo que parece molestar a muchos, incluyendo al presidente del Gobierno, es que los españoles sigan disfrutando de esa "esfera privada" para poder expresar y vivir su fe; es decir, lo que el laicismo agresivo propone no es que cada cual ejerza su libertad para formar parte de una confesión religiosa o para no hacerlo, sino que se margine y se "reeduque" a quienes eligen la "inconveniente" opción de ser católicos. El Gobierno socialista, con su Educación para la Ciudadanía y su, por el momento, aparcada reforma de la Ley de Libertad Religiosa, algo sabe sobre este asunto. Normal y deseable que Benedicto XVI lo denuncie, aunque sea entre los berridos de quienes desconozcan o quieren desconocer que el ataque a la libertad religiosa constituye la voladura de uno de los últimos diques de contención del totalitarismo.