La crisis actual en el Sahara Occidental tiene un primer responsable directo: el Gobierno marroquí. Pero eso no exime de investigar qué otras responsabilidades existen.
La nueva ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha dicho que "España no tiene responsabilidades en el Sahara Occidental". Lamento decir que miente. España sí, tiene responsabilidades.
El primer dato que conviene tomar en consideración es que desde 1960 España empezó a informar a Naciones Unidas sobre el Sahara Occidental. Antes de que Argelia fuera independiente. A partir de 1966, las Naciones Unidas han exigido a España, como potencia administradora del Sahara Occidental, que celebre un referéndum de autodeterminación. Antes de que naciera el Frente Polisario en 1973.
España confeccionó en 1974 un censo para celebrar el referéndum exigido. Ese referéndum se suspendió a petición de Naciones Unidas hasta que el Tribunal Internacional de Justicia decidiera si este procedimiento era el exigible o si bien habría que proceder a una entrega del territorio a Marruecos y Mauritania. El Tribunal Internacional de Justicia dejó claro como el agua que la descolonización del Sahara Occidental debía hacerse mediante un referéndum de autodeterminación entre las poblaciones originarias del territorio. Por tanto, no dicen la verdad Moratinos antes y Trinidad Jiménez ahora cuando afirman que la autodeterminación puede hacerse "de otra manera" si así lo aprueban las partes.
Una vez pronunciado el Tribunal, no había excusas para que España celebrara el referéndum. Sin embargo, Marruecos chantajeó a España y, mediante los acuerdos de Madrid, el Gobierno español quiso desligarse de sus responsabilidades. Ese intento no ha sido reconocido por Naciones Unidas. El dictamen del asesor jurídico de Naciones Unidas de 29 de enero de 2002 no deja lugar a dudas: "El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio niconfirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente". O sea, que España sigue siendo potencia administradora aunque no tenga el control efectivo del territorio.
La situación no es nueva ni tampoco presenta problemas insolubles. Lo mismo le aconteció a Portugal cuando Indonesia invadió su colonia de Timor Este. Cuando Portugal decidió asumir las responsabilidades que le incumbían como potencia administradora la descolonización de Timor Este se aceleró y hoy es un Estado independiente miembro de Naciones Unidas. Indonesia, Naciones Unidas y Portugal, cada uno por su parte, tenía responsabilidades. Pero la responsabilidad mayor fue la de Portugal. Y el haberla asumido dio a Portugal respetabilidad como Estado.
España es la potencia administradora del Sahara Occidental. España es responsable. Y precisamente por eso, España debe exigir un referéndum de autodeterminación del territorio; y precisamente por eso, España debe condenar cualquier atentado al bienestar de una población sobre la que la Carta de las Naciones Unidas le hace responsable; y precisamente por eso, España no puede firmar acuerdos pesqueros que supongan un expolio de la riqueza de la colonia en beneficio del ocupante; y precisamente por eso, el Gobierno de España no puede permitir que empresas españolas (como FMC Foret con los fosfatos o Jealsa con la pesca) expolien los recursos naturales.
Es cierto que al no tener la presencia efectiva en el territorio, España hay cosas que no puede hacer. Pero hay muchas cosas que sí puede hacer. Y el Gobierno de España es responsable si no hace lo que puede y debe hacer.