¿En qué quedamos? ¿Hay información que pone en peligro nuestra seguridad o Wikileaks no aporta nada que no sepamos? Las dos cosas. No aporta nada que no sepamos en cuanto a las grandes líneas estratégicas norteamericanas, respecto a Europa, Oriente Medio o el Pacífico, o respecto a las prácticas habituales en el Pentágono o el Departamento de Estado: las últimas revelaciones celebradas se reducen a la crónica rosa. Pero también es verdad que entre los cientos de miles de documentos hay información más que sensible sobre personas, maniobras y operaciones que facilitan a los enemigos de las democracias occidentales información fundamental para combatirnos. Las consecuencias de lo hecho por Wikileaks se pagan en vidas humanas, sobre todo en Irak y Afganistán.
Al comienzo de su historia, Wikileaks podía implicar una tensión entre la seguridad del Estado y libertad de prensa. Pero esta polémica es ya absurda. Wikileaks se ha convertido en una organización política con unos objetivos políticos definidos en contra de países e instituciones; con un funcionamiento semiclandestino, que comete delitos y empuja a cometerlos poniendo en peligro la estabilidad internacional; y que está provocando efectos demoledores en términos de legitimidad democrática, de operaciones de inteligencia y militares en aspectos especialmente delicados Nada tiene que ver con un medio de comunicación, y por su funcionamiento y actividades, está más cerca de las redes del crimen organizado que de los periodistas. Creemos que supone un problema grave.
Para eliminar esta amenaza están primero las vías legales. Wikileaks ha revelado documentos clasificados como secretos, altamente comprometedores para la seguridad de miles de personas de muchos países. Los talibanes fueron lo suficientemente explícitos cuando con ocasión de la filtración de los documentos sobre Afganistán afirmaron que iban a ponerse a trabajar sobre los informes que se ponían a su disposición. No sólo ellos: dictaduras, grupos terroristas y déspotas varios se felicitan de las revelaciones de Assange; hasta el Gobierno de Hamás ha podido leer informes sobre antiterrorismo en Gaza. El delito que pesa sobre Assange no es sólo el relacionado con las denuncias sobre violación por las que le persigue Interpol: en España, los responsables de Wikileaks serían detenidos y juzgados por delitos de revelación de secretos relativos a la defensa nacional. Probablemente también por traición. Permanece oculto para escapar de dos tipos de delitos: el de violación en Suecia y el posible de espionaje –quizá también traición– en su Australia natal, en la medida en que sus informaciones afecten a este país. Es de esperar que tarde o temprano caiga, por una cosa o por otra en uno u otro país, y pase a disposición de la justicia.
Otros colaboradores suyos no son tan escurridizos, y están más al alcance de la justicia: lo mismo que las fuentes. Assange no se caracteriza por el buen trato hacia todos ellos, que son los que pueden tener graves problemas a partir de ahora. Evidentemente, el soldado Manning ha sido acusado de alta traición por filtrar los documentos de la guerra de Irak; esperemos que no sea el último. De Assange, de sus colaboradores, y de la propia organización, se podría tratar de congelar los fondos económicos, como se hace con organizaciones terroristas o de narcotráfico, a fin de frenar sus actividades.
El problema es que el portal se beneficia de la impunidad del ciberespacio, y a diferencia de otras organizaciones o medios de comunicación no está sujeta a la jurisdicción de ningún país. Más allá de eso están las medidas que deban tomar los gobiernos occidentales al margen de la ley para terminar con una organización que se ha convertido en ariete contra ellas y comete delitos aprovechando los límites de la ley. Se ha comentado la posibilidad de que los colaboradores y trabajadores de Wikileaks puedan ser considerados combatientes al servicio de intereses del enemigo y tratados como tales; habría que adecuar la respuesta al delito cometido y al mal causado, de tal gravedad que en otras épocas implicaría la pena de muerte. Por supuesto está la posibilidad de un ataque cibernético al servidor de la web que pusiese fuera de circulación los cientos de miles de documentos secretos y vitales que están al alcance de cualquiera, así como evitar que en el futuro pueda volver a cometerse el delito. El problema es que Wikileaks, fundada originalmente por técnicos informáticos –el propio Assange se vanagloria de su condición de hacker- está muy bien blindada. Será costoso desarticularla.
Las opciones que tenemos para terminar con las actividades delictivas de Wikileaks son de dos tipos: las amparadas por la ley, preferibles, y las ejecutadas al margen de ésta, quizá necesarias. En cualquier caso, es de desear que la depravación de Wikileaks y de su oscuro responsable terminen cuanto antes con una locura de la que salen beneficiados los enemigos, no sólo de la libertad de expresión, sino de todo tipo de libertades.