Algún día les hablaré de cómo el centralismo autonómico valenciano ha vampirizado a las provincias de Alicante y Castellón desde el inicio mismo de la democracia. Hoy sólo lo miento para señalar que, por lo visto, no es suficiente para saciar el descontrolado gasto público que lleva a cabo el Gobierno autonómico, sobre todo y especialmente desde la marcha de Zaplana, en la ciudad de Valencia. Hemos de tener en cuenta, además, que el de Valencia es, tras el de Madrid, el municipio que más dinero debe de toda España. A eso hay que sumar que la Comunidad Valenciana, tras Cataluña, es también la región más endeudada de nuestro país.
Camps, en lugar de apretarse de una vez el cinturón, acaba de lanzar una emisión de deuda por un volumen de 1.000 millones de euros, ampliables a 1.500 millones, en bonos para particulares a 12 meses con una rentabilidad del 4,75% y una comisión del 3% para las entidades colocadoras. El coste fiscal para todos los valencianos será pues del 7,75%, y eso sólo servirá, como ha reconocido el propio Camps, para tapar agujeros. El presidente valenciano copia así, punto por punto, la reciente emisión de bonos "patrióticos" efectuada por Montilla, que tanto criticó el PP, empezando por su líder nacional, Mariano Nacional.
Ahora Rajoy sale en defensa del presidente valenciano que, a la vista está, en lugar de "ofrendar nuevas glorias a España", tal y como dice el himno regional, lo que va a hacer es contribuir, todavía más, al alarmante endeudamiento de las administraciones públicas de nuestro país.
Negándose a sí mismo, y dejando en evidencia su melifluo liderazgo, ahora el presidente del PP dice que "nunca" se opuso a la emisión de bonos "patrióticos", que lo que él ha dicho, y reitera, es "que la prioridad es reducir el déficit, generar confianza, y si no te prestan es porque no hay confianza, y éste es el problema".
No seré yo quien quite responsabilidad a Zapatero en la falta de confianza que hay entre los inversores; pero la cuestión aquí es la hiriente renuencia de las comunidades autónomas de ajustarse a su realidad financiera. Esa negativa de las autonomías a suprimir gastos superfluos y a aligerar sus absolutamente desproporcionadas estructuras administrativas contribuye, a su vez, a la falta de confianza que encarece el endeudamiento español. Para que se hagan una idea, sólo la deuda de Canal 9 alcanza esos 1.500 millones de euros que Camps pretende obtener con estos bonos; una cifra que resulta aun más escandalosa si tenemos en cuenta que es equivalente a lo que se va ahorrar Hacienda con la congelación de las pensiones en toda España.
Como ya han denunciado organismos públicos y privados, dentro y fuera de nuestras fronteras, uno de los principales lastres que padece la economía española es el persistente y obsceno despilfarro autonómico, que ha hecho que su endeudamiento supere por primera vez la friolera cifra de los 100.000 millones de euros.
Aunque sea cierto que el coste del endeudamiento dependa de la confianza, ¿qué confianza genera el PP cuanto gobierna dos de las tres comunidades y dos de los tres municipios más endeudados de nuestro país? ¿Cómo va a pedir Rajoy a Zapatero que meta en vereda a las comunidades autónomas, cuando él es incapaz de hacerlo con sus barones regionales? ¿Qué tranquilidad, coherencia y esperanza de futuro va a ofrecer este candidato a la presidencia de Gobierno que tiene la desfachatez de defender hoy con Camps lo que criticó ayer con Montilla?