Una venía de siete horas nocturnas de incómodo autobús por carreteras heladas. El chófer no conocía el trayecto y le hacían de copiloto algunos pasajeros jóvenes y, sin embargo, prudentes. Habíamos embarcado en el aeropuerto a medianoche y teníamos suerte. De madrugada, el pasaje celebró una noticia de radio que desgranaba las penas que podían afrontar los controladores. Llegaba, en fin, convencida de que la responsabilidad del cierre del espacio aéreo español recaía en unos empleados públicos que habían abandonado sus puestos de forma repentina y simultánea. Supuse que no habría ninguna duda al respecto. Hasta que, ya en casa, escuché a González Pons. La culpa era del Gobierno, naturalmente. Un Gaspar Zarrías salió después a responderle. El PP era culpable, por supuesto.
La más honda preocupación del portavoz popular eran los derechos fundamentales que el estado de alarma dejaba en suspenso. Entre los pasajeros de mi vuelo, había una cirujana que iba a implantar una pierna artificial. Los derechos de aquel paciente a la espera, ¿no eran tan fundamentales? ¿Y los de mi catedrática de Matemáticas del Instituto, que llegaba de Brasil y acumulaba veintitantas horas de aviones? No haberse metido a visitar a familiares a sus años. El grueso de los viajeros se iban de puente y de jarana y, por tanto, existe el derecho a que se jodan. Es más, no está nada claro que el que los joda merezca ser sancionado. Cuando en una llamada de un programa de televisión recordé que Reagan había despedido a miles de controladores por una huelga salvaje, noté la incomodidad de los oyentes. Oiga, no será para tanto. Violar las normas de conducta que rigen en una sociedad civilizada, hace mucho tiempo que, en España, nunca es para tanto.
Una había defendido a los controladores de ciertas acusaciones demagógicas, pero en el instante en que cruzaron la raya no se podía atender a la posible razón de sus reclamaciones, sino a la sinrazón cierta de sus procedimientos. Pero he aquí a Pons, nuevamente. Según dijo, el Gobierno tenía que haber retrasado a fechas menos señaladas el decreto que había sublevado a los dueños y señores de los cielos. O sea, que no hay que provocar a quienes puedan tener en mente la realización de actos ilegales. Tan en mente que fueron capaces de urdir una protesta global en las tres horas escasas que mediaron entre el anuncio del decreto y las cinco de la tarde. Lo del señor Pons se llama, propiamente, transferir la responsabilidad del sabotaje de sus autores al Gobierno. Y, ahora, intercámbiense los nombres de personajes y partidos, que la historia se repite siempre.