Hay un denso debate sobre la legalidad y la oportunidad del estado de alarma declarado en las torres de control aéreo. Es, sin duda, una discusión necesaria. No se había aplicado nunca esa medida excepcional que permite la Constitución. Los juristas están divididos y la prensa y el público, también. Pero hay una reflexión por hacer, que, mucho me temo, quedará pendiente. Es la que suscita la pregunta siguiente: ¿cómo es posible que unos empleados públicos, a cargo de un servicio esencial, crean que pueden abandonar sus puestos, provocar el cierre del espacio aéreo y hacerlo, además, impunemente? Como los controladores no viven en la Luna, sino en España, hemos de atribuir su conducta al convencimiento de que aquí nadie asume la responsabilidad por sus actos. Y esa idea, la idea de que actuar al margen de la ley sale gratis, tiene, por desgracia, fundamento en la experiencia.
La quiebra del decimonónico concepto de la responsabilidad individual es un fenómeno que no afecta sólo a España. Ha sido alentado por el agrandamiento del Estado, por las ideologías colectivistas y por una tendencia a exonerar al individuo de culpa y a desplazar esa culpa hacia otros: ¡la sociedad! Pero a esa mentalidad se le ha añadido aquí un rasgo específico, visible en numerosas ocasiones. Así, con pasmosa frecuencia, cuando unos trabajadores o unos estudiantes o unos manifestantes vulneraban la ley y hasta recurrían a la violencia, se ha mirado para otro lado. Mejor transigir y ser benévolos, que "reprimir" a los vándalos y "castigar" a los infractores. ¡Mucho cuidado con la "represión"! Y siempre aparece, en tales casos, el recordatorio de los tiempos de la dictadura. Como también, por cierto, ha ocurrido ahora.
Tienen razón quienes señalan estos días el doble rasero gubernamental. De hecho, y por ceñirnos a lo aéreo, cuando unos empleados del aeropuerto de El Prat invadieron las pistas y obligaron a cancelar aterrizajes y despegues, el Gobierno descartó la intervención policial. Los aviones tuvieron que esperar a que los piquetes salieran de las pistas. Con tales precedentes y a la vista de las costumbres imperantes, se entiende que los controladores se aprestaran a realizar su sabotaje confiados en que el Gobierno no se atrevería a "reprimirlos". Es más, podían esperar que la opinión pública se ablandara después, como otras veces, y acabara por echarle la culpa al Gobierno, como es también el hábito. De ahí que su comportamiento no sea, en realidad, el fruto de un mal cálculo o de un delirio pasajero. Es, por contra, el fruto –uno más entre tantos– de un prolongado estado de irresponsabilidad, escaso respeto por el imperio de la ley y desorientación cívica y moral.