Como la diputada López i Chamosa, yo tampoco entiendo nada. Si un cráneo previligiado cual la portavoz socialista en materia de pensiones reconoce francamente que no comprende el acuerdo por ella misma negociado, ¿quién podría? Aceptemos, pues, nuestras limitaciones y vayamos a lo comprensible. El Gobierno envió en febrero a Bruselas un Plan de Estabilidad que incluía una reforma del sistema de pensiones. Horas después de expedirlo, sus portavoces aseguraron que el papel sólo contenía "ejemplos". Nada definitivo, por supuesto. ¿Hay algo que lo sea? Desde entonces, y a pesar del tremendo susto de marzo, la tal reforma ha ido apareciendo y desapareciendo del escenario, siempre envuelta en brumas y velos. No quiere el Gobierno darles a los españoles, sin atenuantes, la noticia de que habrán de jubilarse más tarde y, muchos, con pensiones más bajas. Y no para evitarles una depresión, sino para evitar que sea aún mayor la suya. En términos electorales, claro, que en lo otro, allá cada uno.
Eso es lo que se esconde en la trastienda del ininteligible documento pergeñado en el pacto de Toledo: cálculos y cálculos del coste político. Una aritmética que ocupa y preocupa tanto al Gobierno como a la oposición, ahora paladín de las "políticas sociales" que va arrojando por la borda el presidente. Bandera populista que el PSOE deja caer, bandera que el PP recoge al punto. Y aún hay quienes piensan, como los de Rajoy, que la salida de este callejón del Gato pasa por el zoco de una campaña electoral a lo grande. No habría ahí tenderete sin charlatán presto a vender soluciones milagrosas e instantáneas y todo barato, barato. Cuesta imaginar hasta qué extremo se ocultará la realidad y se harán promesas imposibles de cumplir en vísperas de unas elecciones generales. Pero será así, a menos que los dos grandes partidos sufran una súbita metamorfosis. Y dado el material, el material humano, esa transformación es improbable.
Pongamos, por caso, a Chamosa. En una de las crisis económicas más profundas de cuantas España ha padecido, se supone que un Gobierno ha de contar con los más cualificados y capaces a fin de acometer tarea tan compleja y, además, explicarla. Sin embargo, ahí tenemos, como negociadora de la reforma de las pensiones, a una diputada con dificultades de cumunicación y tendencia a pelearse con la ortografía, por no abundar en otras tachas. Y lo malo es que se entiende. Pues no hay ninguna razón, ningún incentivo, para que los partidos elijan a los mejores. Al contrario.