La ruptura de los pactos de Zapatero con ETA en diciembre de 2006 –con el crimen de la T4– se produjo porque la banda consideró que los socialistas les habían engañado: durante años, los socialistas vascos primero y el Gobierno de Zapatero después aceptaron poner en marcha los mecanismos que condujesen a un nuevo marco político, a la ruptura de la unidad nacional, la ruptura del Estatuto de Guernica y la anexión de Navarra al País Vasco. Las actas de Loyola muestran hasta qué punto socialistas y etarras habían llegado a acuerdos en lo que los terroristas creían fundamental, y que sólo el ritmo de las reformas los separaban. ETA lo quería todo rápido para vender una victoria a los suyos y el Gobierno defendía un proceso a medio y largo plazo que no tuviese costes electorales. Al final la banda se cansó y en buena lógica volvió a los atentados.
La lectura era evidente, pese a que muchos no se dieron por enterados: no era cuestión de principios, sino de instrumentos; no de fines, sino de medios. Los socialistas siguieron pensando que es legítimo cambiar el marco jurídico del País Vasco y abordar la anexión de Navarra, que es justo los que les llevó a tratar con la banda. Aquí la sorpresa no cabe, porque los socialistas tienen tendencia a pactar con grupos y partidos nacionalistas antisistema, antiliberales y anticonstitucionales; lo hacen en toda España y lo han seguido haciendo. El diálogo con fuerzas antisistema para el desguace constitucional se está llevando a cabo en Cataluña capitaneado por el PSOE: ¿por qué en el País Vasco iba a ser distinto? "Por la violencia", respondían los socialistas, atrayendo sobre ese aspecto a la opinión pública, como si ese fuese el problema, y no el proyecto que se esconde tras la violencia. Así que el Gobierno y el PSOE llevan desde 2007 exigiendo a ETA que deje las armas para relanzar un diálogo del que Zapatero nunca se ha arrepentido. Y a esta convicción responde el alternativo uso del palo y la zanahoria por parte del Ministerio del Interior, actuando selectivamente contra miembros y aparatos de la banda.
Ahora una ETA débil y acorralada recuerda en su comunicado los dos requisitos en que se mueven sus relaciones con el PSOE. Primero, recuerda los dos puntos en los que había llegado a un compromiso en Loyola: por un lado, una discusión entre grupos y partidos al margen de las instituciones representativas; por otro, una discusión que da por hecho la autodeterminación y la territorialidad, y en la que se ponga sobre la mesa la forma de llevarlo a cabo, y no su legitimidad, por ambos reconocida. La posición maximalista del comunicado, que lo primero que hace es fijarlas, no es tal: ambas cosas son pescado vendido desde la primera fase de la negociación. El PSE arde en deseos de desembarazarse de un PP vasco al que desprecia para irse con las "fuerzas del progreso", y el PSN está desesperado por hacer caer el gobierno de UPN para irse con los anexionistas vascos. Sólo la violencia etarra impide al PSOE abrir en Navarra y el País Vasco un frente de ruptura como el catalán.
Y por eso, en segundo lugar, ETA comunica que sí, que como le llevan Rubalcaba y el PSOE reclamando desde el año 2007, está dispuesto al "alto el fuego permanente y de carácter general". "Permanente" –como en 2006– no es "definitivo", y los etarras se guardan un seguro para el caso de que los socialistas vuelvan a tratar de marearles, lo que entra dentro de lo posible. A cambio, añaden una garantía: la observación internacional, porque la clave es conseguir apariencia de solidez del alto el fuego para convencer a una opinión pública a la que El País lleva tiempo madurando. Para ello, los terroristas añaden "de carácter general", que se supone afecta a toda su actividad, eliminando así uno de los obstáculos para el Gobierno en 2006, que era el mantenimiento de la actividad de la banda y qué llevó al escándalo de los "informes de verificación".
La clave, por tanto, no está en las exigencias políticas, porque el PSOE ya cruzó en 2006 el límite de negociar con la banda políticamente la autodeterminación o independencia y la territorialidad o anexión navarra, y porque ya protagoniza en otros lugares la misma política. Descontado lo político, es cuestión de credibilidad sobre el alto el fuego. La clave está en si el Gobierno y los etarras son capaces de demostrar que sí, que ésta sería la definitiva. Por eso, de todo lo que podían haber dicho, los socialistas se han apresurado a afirmar que "se tiene que confirmar con los hechos"; o sea verificarse; o sea, como en 2006. El resto, habas contadas. Y aquí está la clave a partir de ahora, porque ETA sí ha dado un paso en la dirección de tratar de dar credibilidad a su parón, vía "general" y vía "internacional". Si la banda ha conseguido pertrecharse y prepararse para una temporada de inactividad sin sufrir las consecuencias de ello, o si ella y el Gobierno son capaces de esconder unas limitadas actividades de los terroristas a la opinión pública, el proceso continuará justo donde se quedó antes. O sea, en Loyola.