No está de más repetirlo: la ETA habría desaparecido hace mucho sin los numerosos, variados, abiertos o disimulados apoyos, simpatías y complicidades nacionales e internacionales que ha recibido desde sus primeros asesinatos. Un apoyo destacado, desde la transición, se ha vestido de "solución política", querida por cuantos aspiraban a recoger algunas nueces de sus crímenes o carecían de la más elemental capacidad de análisis o de conocimiento de la historia. Hace poco, en VEO7, subrayé el dato revelador de que, con ser tan grave el fenómeno separatista desde principios del siglo XX, mi libro Una historia chocante haya sido el primer estudio de conjunto de los nacionalismos vasco y catalán enfocado desde la evolución histórica de España.
El problema de la ETA solo comenzó a resolverse con Aznar y gracias a Mayor Oreja. Otros políticos del PP preconizaban, cómo no, diálogos y cesiones, y consiguieron aplicarlos en alguna medida. Pero predominó la "solución policial", única adecuada a un Estado de derecho contrario a convertir el asesinato en política. Pues bien, después de los éxitos de Aznar, que podían haber sido decisivos, el Gobierno de Rodríguez incrementó el viejo apoyo hasta lo nunca antes visto, llevándolo a colaboración o complicidad abierta, de la que el famoso chivatazo del Faisán constituye solo una anécdota menor. Tal política, insistamos, se explica por las hondas afinidades ideológicas entre el PSOE y la ETA (socialismo, antifranquismo visceral, condena implícita o explícita de la transición, amistad con dictaduras extranjeras, feminismo, anti Montesquieu, etc.). Las ofertas a la ETA suponían el fin de la Constitución y de la democratización posfranquista. Y ello pese a que los terroristas no se contentaron con tales concesiones (midieron mal sus fuerzas, muy debilitadas desde Aznar). El mal hecho a la democracia y a la unidad de España ha dado fin al ciclo político abierto hace 35 años.
Para Rodríguez –el mayor colaborador que hayan encontrado los terroristas hasta la fecha, y que en una democracia sólida estaría entre rejas–, la única baza electoral apreciable, de momento, sería la autodisolución de la ETA, aun si para ello tuviera que hacer nuevas concesiones todavía más exorbitantes. Ello podría convenir no solo al grupo de Rodríguez sino también al de Josu Ternera, pues este ha recibido casi todo lo que pretendía y, desde Aznar, tiene poca capacidad de crimen; además, si sus benefactores pierden las elecciones, teme una vuelta a la política anterior del PP, aunque esto, con Rajoy, resulte dudoso. Con todo, la autodisolución es un paso muy difícil. En este contexto, y con el fin de obtener mayor proyección internacional, debe entenderse el nuevo "alto el fuego permanente" etarra. El Gobierno queda situado ante un dilema: la trampa etarra es muy burda y por tanto difícil de hacer tragar a la opinión pública, incluso con el posible apoyo de Rajoy; pero al mismo tiempo Rodríguez precisa desesperadamente alguna apariencia de éxito ante las desastrosas perspectiva electorales. Tanto el grupo etarra como el gubernamental se hallan ante problemas difíciles.