Las cajas de ahorros, tal y como las conocemos hoy, tienen los días contados: en septiembre o son entidades privadas o el Gobierno procederá a su nacionalización, de acuerdo con el Plan de Fortalecimiento del Sector Financiero que acaba de presentar el Ministerio de Economía. Un plan que hay que interpretar en clave tanto económica como política. Empecemos por la primera.
Al Gobierno le corría mucha prisa empezar a despejar las incertidumbres en torno al sistema financiero español, más concretamente en torno a las cajas de ahorros, debido a la presión a que le vienen sometiendo tanto la Unión Europea como los mercados para que ponga de una vez en claro las cuentas de las cajas y proceda de una vez por todas a su saneamiento. Esto quiere decir, fundamentalmente, que se conozca de una vez por todas la magnitud del ‘agujero’ de estas entidades en relación con el sector inmobiliario. Esas cifras se presentarán a finales de este mes y principios del próximo. Y, para evitar alarmas, el Ejecutivo ha decidido pisar el acelerador y antes de que las cajas procedan a descubrir sus vergüenzas, que deben de ser muchas y muy importantes, ha querido curarse en salud y presentar antes el plan de saneamiento de las mismas, con el fin de evitar el más que previsible castigo de los mercados. Un castigo que afectaría de forma bastante negativa a las ingentes cantidades de deuda pública que el Tesoro tiene que colocar este año, especialmente durante el primer trimestre, y que nuestro presupuesto no se puede permitir. Sin claridad en las cuentas del sector financiero y sin un plan de saneamiento del mismo, ni los mercados iban a confiar en la economía española, ni la UE iba a continuar prestando su apoyo a nuestro país para evitar la quiebra. De ahí que después de más de tres años de marear la perdiz, el Gobierno se haya decidido finalmente a poner manos a la obra y acabar con la insensata política de Zapatero de ocultar la penosa realidad de buena parte de nuestro sistema crediticio a base de permitirle falsear su situación en relación con los activos inmobiliarios.
Con el Plan de Fortalecimiento del Sector Financiero, el Gobierno ha dicho a las cajas que o buscan capital privado para sanear sus balances o las nacionaliza. El Ejecutivo les ofrece dos opciones con el fin de que se puedan recapitalizar: o bien emitir participaciones preferentes, o bien emitir cuotas participativas. Las participaciones preferentes son activos que ofrecen una rentabilidad determinada, si bien tienen dos grandes inconvenientes: que la rentabilidad no está garantizada y que son activos bastante ilíquidos, es decir, que es difícil venderlos después en el mercado, en especial los emitidos por las cajas pequeñas. Lo cual tiene dos consecuencias. En primer término, la necesidad de las cajas pequeñas y medianas de continuar con el proceso de concentración que se inició el año pasado, con el fin de ganar peso específico a través de la unión con otras entidades y, de esta forma, tener más fácil acceso a los mercados de capitales. Y, en segundo lugar y más importante si cabe, como probablemente va a ser muy difícil colocar las participaciones preferentes, incluso aunque se produzcan nuevas fusiones, las cajas, al final van a tener que acudir a lo que han venido rechazando durante tanto tiempo, que es a la emisión de cuotas participativas, o acciones sin derecho de voto. Y una vez colocadas dichas cuotas es muy fácil dar el siguiente paso, que no es otro que la privatización, que es lo que, en el fondo, está llevando a cabo el Gobierno sin decir que, efectivamente, está entregando el control de las cajas al sector privado para no levantar más ampollas entre sus votantes de izquierda. En cuanto a la nacionalización de las entidades que, en septiembre, no hayan podido captar los recursos precisos, en el fondo eso es que lo que le pide el cuerpo a Zapatero y lo que, de una u otra manera, ha tratado de hacer. Sin embargo, como el Estado no tiene dinero para nada, al final ha tenido que optar por la vía privada.
Ahora bien, este proceso de privatización debe hacerse con cuidado y aprender de la experiencia de otros países. No hay que olvidar que las cajas de ahorros han jugado un papel muy importante en el proceso de desarrollo económico español que se inició con el Plan de Estabilización de 1959. Estas entidades fueron las que permitieron canalizar el ahorro de las familias hacia actividades productivas y bancarizar a la totalidad de la población. Su desaparición en el Reino Unido provocó la desbancarización de la cuarta parte de los británicos. Aquí hay que evitar que se cometa ese mismo error, así como que la conversión de las cajas en entidades privadas implique la reaparición de las dificultades de acceso al crédito para las familias y las pequeñas y medianas empresas que existía en España antes de que las cajas de ahorros acabaran con ella.
Dicho esto también hay que señalar que lo que acaba de hacer el Gobierno se podía haber llevado igualmente a cabo hace dos o tres años y la economía española, y el propio Ejecutivo se hubieran ahorrado muchos de los sinsabores propios de la desconfianza de los mercados hacia un país sin rumbo ni dirección. Ahora, con tanto daño como ha hecho la actitud de Zapatero de permanecer de brazos cruzados ante los embates de la crisis, toca rectificar y hacerlo ‘in extermis’, cuando la economía española estaba al borde de la quiebra. En parte, esto es lo que ha provocado el cambio de actitud de los socialistas. Pero también cuenta su deseo de empezar a protagonizar medidas de calado que sirvan para que superemos la crisis con el fin de tratar de remontar en las encuestas de intención de voto. La cuestión es si podrán hacerlo o no, porque una cosa es un plan de saneamiento del sector financiero y otra muy distinta meterse de lleno con la reforma laboral, la de las pensiones y las demás medidas que tienen que tomarse en este país. Y ahí todavía está por ver que se atrevan a hacer lo que hay que hacer porque ni, ideológicamente, creen en ello, ni prácticamente queda tiempo para que esas duras medidas puedan deparar sus efectos beneficiosos en forma de crecimiento económico y creación de empleo antes de las próximas elecciones generales, y, de esta forma, compensar el desgaste político que implica su adopción.