Al borde del colapso financiero, y sólo en ese trance terminal, algunos han caído en la cuenta de que tal vez, quizás, algún día habrá que introducir algún ajuste en el Estado de las Autonomías. De ahí que destaque una iniciativa y que lo haga, ay, por su intranscendencia. Y es que el Partido Popular ha presentado una moción para "racionalizar" las administraciones públicas y las autonómicas, en concreto. Pero ha tenido la astucia de llevar la cosa al Senado, cámara muy noble y romana, que sobresale por carecer de resonancia. Cuanto allí sucede –jaleo de pinganillos al margen– pasa a mejor vida tristemente y sin mayor impacto. De modo que si los de Rajoy deseaban cubrir el expediente y, al tiempo, ahorrarse el revuelo que se monta al grito ritual de ¡centralistas!, han hecho lo correcto. Su pequeña y tímida moción ni ha despertado el interés de la prensa ni ha excitado a nadie. O casi.
El término "racionalizar" ya despierta el recelo de los expertos en derivar cualquier debate político hacia la simplificación tremendista. Pero aplicado a las autonomías, aun con paños calientes, provoca un rechazo tajante... al pasado. En cuanto escucharon la palabreja, el PSOE y los nacionalistas arguyeron que, en efecto, algo habrá que hacer, un año de estos, por acabar con las duplicidades y disfuncionalidades, pero que hacerlo hoy y a instancias del PP entraña un salto atrás, a aquellos tiempos ominosos e innombrables. Así, aunque la moción contenía elementos razonables o "puntos interesantes" o no aportaba novedades, no se podía aprobar. ¡Por el pasado! Qué sería de tantos cráneos previlegiados sin ese pasado centralista, ese coco destinado a asustar al respetable, que justifica su dolce far niente y su "nada se toque" en sus feudos. En Alemania, se redujo el poder de los Länder sin temor al regreso del Reich. Pero hay lugares donde racionalizar significa racionalizar.
En vano se esforzó García Escudero en distanciarse de las propuestas de FAES y de Aznar. Socialistas y nacionalistas concluyeron que fijar límites de gasto, reestructurar empresas y fundaciones públicas, garantizar la unidad de mercado y permitir la privatización de las televisiones autonómicas resultan ideas inaceptables, precisamente, por coincidir con las de FAES y Aznar. ¿Racionalizar? Jamás.