El caso Faisán es mucho más que un ignominioso chivatazo de policías a terroristas, cuyos autores deben responder en todo caso ante la justicia. El caso Faisán tiene sobre todo una dimensión política que exige responsabilidades políticas sobre un proceso de negociación con terroristas que se realizó en secreto burlando el Estado de Derecho. El chivatazo a ETA no fue un chivatazo policial, fue un chivatazo político. El Gobierno, y no la Policía, es su único responsable, por más que el ministro del Interior intente esconderse cobardemente cada semana en el Parlamento detrás de los uniformes.
Las responsabilidades políticas sobre el caso Faisán son de una extraordinaria gravedad. Resulta difícil de explicar cómo un ministro del Interior en cuyo Departamento se produce una delación a una banda terrorista que ha causado cerca de mil victimas mortales en España no solo siga en su puesto, sino que incluso sea ascendido a Vicepresidente Primero. Aunque quizá sea por eso.
Rubalcaba se escuda permanentemente en el proceso judicial abierto para eludir cualquier responsabilidad. Pero las responsabilidades políticas no se dirimen en los Tribunales. Si la Justicia demuestra que la orden de dar ese chivatazo partió de un despacho del Ministerio del Interior, entonces lo que es exigible para su inquilino no es la dimisión, sino la cárcel. Pero el mero hecho de que esa delación ocurriera bajo el mandato de Pérez Rubalcaba le hace responsable político último del mismo. Un mínimo de decencia democrática le habría impulsado a dimitir.
Las responsabilidades políticas de Alfredo Pérez Rubalcaba en este asunto no terminan ahí. Como ministro del Interior, es también responsable de que cinco años después de que unos policías a sus órdenes evitaran que unos terroristas fueran detenidos aún sigamos sin saber quiénes fueron los autores de esa delación, ni quién les dio la orden para que cometieran semejante traición. Es más, mi impresión es que el ministro del Interior ha hecho cuanto ha estado en su mano por evitar que se conozca la verdad, quizá porque esa verdad le concierne personalmente de forma irremisible.
Hay una tercera responsabilidad política de la que algún día deberá responder. El ministro del Interior no sólo ha ocultado permanentemente información al Parlamento, sino que ha mentido de forma grave en la Cámara. Ni las descalificaciones ni las amenazas a quiénes le interpelan pueden esconder su responsabilidad en este caso. Es más, conforme aumenta su crispación y sus insultos, mayor es la convicción en la opinión pública en su responsabilidad.
Lo que en todo caso no vamos a consentir es que para eludir su responsabilidad en este caso ponga en duda la voluntad de todos y cada uno de los afiliados del Partido Popular de derrotar a ETA. Me parece que no cabe mayor bajeza en sede parlamentaria para un ministro del Interior que acusarnos de querer la existencia de ETA. Hemos perdido demasiados compañeros, hemos ido a demasiados funerales y hemos derramado demasiadas lágrimas como para tener que soportar esa despreciable acusación de un Vicepresidente del Gobierno.
La derrota de ETA, que llegará con seguridad si el Gobierno no vuelve a desviarse por el atajo de la negociación, será mérito de todos, pero de forma muy especial de unos gobiernos del Partido Popular que con su firmeza y su eficacia llevaron a la banda terrorista a su momento de mayor debilidad histórica. Por eso, a pesar de tanta bajeza, seguiré apoyando al Gobierno para que esa derrota llegue cuanto antes. Y por eso mismo seguiré cumpliendo mi mandato constitucional de controlar al Gobierno para que en ningún momento se salga de los márgenes del Estado de Derecho que conducen a la derrota del terrorismo.