Es habitual entre nosotros atribuir a los dos partidos mayoritarios por igual las disfunciones que se producen exclusivamente por culpa del PSOE. Este domingo nos informa El Mundo de que el Rey se ha entrevistado con tres ex presidentes del Tribunal Constitucional para tratar el tema del bloqueo que sufre la renovación de tres de sus magistrados y la cobertura de la vacante producida por el fallecimiento de un cuarto.
Está muy bien que su Majestad se preocupe por el buen funcionamiento de tan alta institución, pero el problema no es nuevo y ni siquiera es ahora cuando es más grave. La situación, en palabras del editorial del periódico, se debe a la "pertinaz negativa de los socialistas a aceptar a uno de los candidatos que proponían los populares –el magistrado Enrique López– y la no menos contumaz resistencia de éstos a aceptar el veto". Se está dando la falsa impresión de que ambos partidos son responsables en la misma medida del bloqueo que el tribunal padece. Y no es así.
Para empezar, ningún partido tiene derecho de vetar los candidatos del otro. Encima, el PP jamás ha vetado a ningún aspirante socialista, que los ha habido tan poco idóneos como pueda serlo López. Si el problema es que es dudoso que éste cumpla el requisito de los quince años de ejercicio profesional porque los socialistas creen que no se deben contar los que pasó en el Consejo del Poder Judicial, que, cuando el Congreso lo nombre, recurran a los tribunales la designación y que sean éstos los que decidan. ¿Quiénes son los socialistas para decir cuando es legal o no un nombramiento que corresponde a otros?
El PSOE se empeñó en que María Emilia Casas presidiera el tribunal durante seis años seguidos, cuando la Constitución permite hacerlo sólo durante tres. Y se negó igualmente a cubrir la vacante de García-Calvo, que pertenecía al sector conservador, para beneficiarse de que un puesto que correspondía cubrir al PP estuviera vacante.
El Mundo pone de relieve lo importante que es regularizar la situación del tribunal ahora que ha de debatir sobre algunas leyes que el Gobierno Zapatero ha presentado como símbolos de la ampliación de derechos. Es el caso de las leyes sobre el matrimonio homosexual y el aborto. Y no se dan cuenta, o no quieren darse, que es eso precisamente lo que hace que el PSOE bloquee la renovación. Zapatero se ha hinchado a hacer leyes inconstitucionales, desde el estatuto de Cataluña hasta la ley del aborto, y necesita que el Tribunal Constitucional no le afee la conducta o lo haga de la manera más suave posible. Los populares no tienen en esto más responsabilidad que la de haber intentado no dejarse avasallar y, con todo, podían haber hecho mucho más.
Así que la culpa del desprestigio del tribunal no la tienen los políticos en general, sino el PSOE. A quien tiene que llamar el Rey no es a los ex presidentes del TC, sino a Zapatero y exigirle que deje de mangonear la institución y eso tendría que haberlo hecho hace mucho tiempo, no ahora. Y El Mundo, en vez de vestirse de ángel neutral y acusar a los dos partidos como si ambos fueran igualmente culpables, podría denunciar la utilización torticera y partidaria que el PSOE viene haciendo del tribunal cuando ostenta el poder. Así son las cosas para quien quiera verlas.