¿A qué juega el Gobierno con las cajas de ahorros? Por un lado dice que quiere que se conviertan en bancos; por otro, en lugar de obligarlas a hacerlo, les amenaza con nacionalizarlas si de aquí al otoño no han conseguido capital con qué sanearse, y, entre medias, discute un día sí y otro también con el Banco de España, que de reestructuraciones del sector crediticio sabe bastante más que el Ministerio de Economía después de tener que gestionar la crisis bancaria de finales de los 70. ¿Qué persigue, en última instancia, el Ejecutivo?
Desde luego, llama la atención, de entrada, que quiera exigir a las cajas de ahorros un core capital –relación entre el capital y las reservas, por un lado, y las obligaciones a que tiene que hacer frente una entidad crediticia por otro– del 10%. Y llama la atención por dos razones. En primer lugar, porque las normas internacionales al respecto del Banco Internacional de Pagos de Basilea sitúa ese ratio en el 8%; en segundo término, porque lo que exige el Gobierno a los bancos es ese mismo 8%, en vez del 10% que exige a las cajas. ¿Por qué esta diferencia? ¿Qué es lo que trata de ocultar el Ejecutivo? Evidentemente, que la situación de estas entidades de crédito es mucho peor de lo que nos están diciendo unos y otros y tratan de ocultarlo. Ahora se pagan las consecuencias de la burbuja inmobiliaria, de la que las cajas fueron grandes protagonistas, y de no haberles forzado desde el primer día a poner en orden sus balances en todo lo relacionado con la vivienda. Pero mucho me temo que de lo que se trata es de ocultar que muchas cajas no cuentan con bastante capital debido a que han sido exprimidas a conciencia por los diversos gobiernos –el nacional y los autonómicos– al obligarlas a comprar la deuda que emitían y financiar a las ruinosas empresas públicas, en especial, las autonómicas. De eso es de lo que tratan de que no nos enteremos, de cómo han arruinado a estas entidades.
Al Gobierno, todo este asunto de las cajas de ahorros se le ha ido por completo de las manos. Promovió la reordenación del sector, pero como en lugar de imponer su criterio dejó hacer a los respectivos barones autonómicos –en vez de que las cajas grandes absorbieran a las pequeñas, como hubiera sido lo lógico– las cajas pequeñas se han unido entre sí para que nadie se las trague y para que sus dirigentes y quienes las controlan puedan seguir manteniendo el control y, con él, los privilegios asociados al mismo. Buena prueba de ello la tenemos, por ejemplo, con Cataluña Caixa, cuyo anterior presidente duró unas pocas semanas al dimitir porque su sueldo no alcanzaba, ni de lejos, los 600.000 euros anuales; o el conflicto entre Caja Madrid y su anterior dirección, la cual reclama el pago de un bonus de 25 millones de euros después de haber dejado a la entidad madrileña como la han dejado. Y eso por no hablar de lo que han hecho los ejecutivos regionales con las cajas que controlaban, como el de Castilla-La Mancha. Y ahora la cuestión es: ¿cómo van a poder obtener recursos en el mercado las cajas pequeñas o las fusiones entre pequeñas? Porque La Caixa y Caja Madrid no tienen problemas en ese sentido, pero las demás sí y, encima, el Ministerio de Economía les aprieta más con una exigencia de capital tan alta como la que les quiere establecer. Da la sensación de que lo que pretende Elena Salgado es, precisamente, que las cajas de ahorros fallen y pueda nacionalizarlas, como ya ha dicho que hará con quien no cumpla los requisitos de capital.
Esa nacionalización podría tener sentido si, con ello, se pretendiera evitar la quiebra de las cajas. Pero es que, a continuación, Salgado añade que las cajas que obtengan recursos del Estado, porque no puedan encontrarlos en el mercado, tendrán que aumentar la concesión de créditos. En principio, esto parece lógico teniendo en cuenta que de la actividad prestamista procede, o debería proceder, una buena parte de los ingresos de las cajas. Sin embargo, si estas entidades se tienen que sanear, ¿cómo van a conceder créditos en lugar de aumentar sus provisiones y reservas y disminuir sus deudas? Eso, en principio, no parece inquietarle a un Gobierno empeñado en que el crédito circule como sea, aunque ello implique llevarse de por medio a varias entidades financieras. Esa recuperación del crédito puede ser el objetivo último que persigue el Ejecutivo para ver si de esa forma se reactivan la economía y la creación de empleo y lo hacen a tiempo para que los socialistas puedan mejorar sus perspectivas de voto. Y es que con tal de seguir en el poder, éstos se llevan de por medio a las cajas y a lo que haga falta.