Desde que el pasado mes de marzo se frustrara el acuerdo de fusión fría entre la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y el Banco Base (integrado por Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura), era vox populi que la entidad alicantina podía ser intervenida por el Banco de España en cualquier momento. Al cabo, si las asambleas generales de Banco Base declinaron unir sus destinos a los de la CAM fue por juzgar que ésta necesitaba de 2.784 millones del FROB para mantenerse a flote, lo que habría colocado al Estado como accionista mayoritario del banco resultante.
Los test de estrés europeos que se han publicado en estos últimos días no han venido más que a reforzar el temor de que la CAM era una entidad tremendamente frágil, con un capital que apenas le permitía absorber unas pérdidas equivalentes al 5% de sus activos. La alicantina era una de las cinco entidades que suspendieron estas pruebas, aun cuando el resto del sistema financiero español mostró unos resultados más que notables.
La intervención de ayer, pues, entraba dentro de lo previsible. Por supuesto, que alguna de nuestras cajas, sobre todo una con semejante tamaño, no disponga de unos fondos propios suficientes como para sobrevivir en el mercado constituye una mala noticia. Pero, constatada la insuficiencia de capital, la intervención permite clarificar y atajar la situación del eslabón más débil de nuestro sistema financiero. Del mismo modo que la salida a bolsa de alguna de nuestras entidades más robustas ha apuntalado su solidez y la credibilidad exterior de nuestra economía, también lo hace el saneamiento de las partes más endebles de nuestra banca. Aun cuando, como es probable, la intervención de la CAM no sea la última a la que asistamos, no debería mover a la alarma el que, dentro de un sistema que está mejorando a marchas agigantadas, sigan apareciendo algunas cajas con problemas que requieran de la asistencia puntual del FROB.
Si acaso, lo que cabe reprochar al Gobierno y al Banco de España es que, mientras el sector privado está realizando ingentes esfuerzos para superar una de las mayores crisis de nuestra historia, el sector público esté desatendiendo sus obligaciones de contribuir al rápido y eficaz saneamiento de las entidades más endebles. Desde finales de 2008, el Ejecutivo cuenta con los instrumentos para recapitalizar a nuestra banca, pero los está usando con suma lentitud y a regañadientes. Como de costumbre, si bien el sector privado está haciendo sus deberes, el público se olvida de sus responsabilidades. No parece de recibo que casi tres años después de estallar la crisis, todavía haya entidades potencialmente insolventes. La intervención de ayer, por esperada, llega tarde; no es necesario esperar a que las manzanas terminen de pudrirse para pasar a actuar con decisión.