En términos de lucha antiterrorista, las dos legislaturas de Zapatero serán recordadas como aquellas en las que el Estado dio oxígeno a una debilitada banda terrorista: abriéndole las puertas de las instituciones, incluso del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional; otorgando beneficios a los presos etarras; prometiendo "mayorías de progreso" en el País Vasco, u órganos de cooperación y dietas con Navarra. Pero respecto al funcionamiento institucional, al mismo tiempo serán recordadas como las del regreso de los escándalos al Ministerio del Interior, relacionados con esa misma negociación y esas mismas cesiones. Y es que el Gobierno ha ido demasiado lejos en la negociación con ETA, comprometiéndose de la manera más imprudente posible. Tanto, que en su desarrollo se han cometido delitos repulsivos: el caso Faisán el más importante de todos ellos.
Las imprudencias cometidas por el equipo de Rubalcaba y Camacho, y las graves implicaciones penales derivadas del proceso de paz han puesto al actual ministro de Interior y al actual candidato socialista ante la necesidad de supeditarlo todo a su propio futuro. Todo en el Ministerio parece plegarse a ello. Es el caso de los desesperados intentos por colocar a Camacho en las listas socialistas, quedando bajo el amparo de la figura del aforado durante los próximos años. Además, el lamentable regreso de algunos de los implicados de una manera u otra en la negociación con ETA desde distintos puestos –Alonso, Bermejo y el propio Camacho– al poder judicial ayudará a los socialistas a solventar los problemas derivados de los escándalos. Los conocidos y los que pueden estar por venir.
Pero por encima de todo, sólo el éxito en la negociación con ETA puede absolver a Rubalcaba y Zapatero de los escándalos asociados a ésta. En el aspecto judicial, pero también en el político. No se trata ya de tratar de obtener réditos electorales de cara al 20N, aunque ETA y el Gobierno tienen esa fecha marcada en rojo. Ni de una verdadera paz en el País Vasco y Navarra que los espectáculos totalitarios de las últimas semanas protagonizados por Bildu muestran tan alejada como antes. Se trata, para los implicados en los tratos con la banda, de lograr la absolución de la historia ante lo acontecido en los últimos años. Si ETA vuelve a matar, todas las cesiones efectuadas por los socialistas quedarán como lo que son: una política inadmisible ante un grupo totalitario en Europa occidental, y los responsables de ello pasarán a la historia como los que desarbolaron la resistencia del Estado ante los etarras. Pero si se logra un acuerdo que ambas partes puedan legitimar internacionalmente y defender dentro de nuestras fronteras, pocos se atreverán a poner negro sobre blanco lo acontecido estos ocho años y llevar a los responsables ante la justicia, por lo menos a corto plazo. Así que para todos ellos, mantener vivo el llamado proceso de paz es una cuestión personal.