Solo se habla de medidas. El cambio de Gobierno que nos viene, trae un solo tema en los medios de información y en la prensa; no hay debate de televisión, radio, tertulia o foro de opinión política o económica donde no se hable o especule sobre las medidas; esas que van a ser la solución de nuestros problemas, especialmente el de la crisis.
Recortes en las Administraciones, límites del gasto público y en los presupuestos de las entidades territoriales y locales –Comunidades Autónomas y Ayuntamientos– son las medidas más urgentes que, junto con las que nos vienen indicadas de Europa, tales como la reforma del mercado laboral y el ajuste del déficit público, ocuparán de forma inmediata las labores del Gobierno. No obstante, el catálogo de medidas que se han de afrontar, resulta ahora sabido por todos; no hay nadie que se sorprenda de cuáles son las directrices que había que tomar, ya que todo el mundo las conocía; por lo que nos planteamos si el problema no es el de las medidas que se han de tomar, sino el de cómo aplicarlas. Resulta que esto último no es economía, sino política.
Lo cierto es que los mercados vigilarán y valorarán lo que haga el Gobierno en los primeros días –sin tan siquiera llegar a los respetuosos primeros cien–, y especialmente el ritmo a que lo haga, que ha sido el error de sus antecesores; ya no se cree en promesas, ni vale la confianza o la credibilidad, solo se esperan y admiten los hechos. Ha llegado la hora de la verdad, de las políticas de la eficacia y de las medidas de auténtico ajuste. Como no cabe la devaluación de la moneda –recurso de antaño con la vieja peseta– se producirá una devaluación interna de nuestro trabajo y esfuerzos: trabajar más y mejor, y por menos precio. Se trata de la dura competitividad.
Las cuestiones más álgidas son las de cómo acometer una política fiscal de derechas, –tradicionalmente de bajada de impuestos– con la necesidad impuesta por Europa de recabar más fondos para reducir el déficit y el endeudamiento del Estado; se trata de la misma Europa que nos obliga a la reducción de la inversión para limitar el gasto público. Los salarios son otro de los focos de conflicto, porque la tan usada solución de reducir los que corresponden a los funcionarios públicos nos aboca a cuestionar qué ocurre con los del sector privado. Por último, el gran problema financiero de los activos contaminados –en nuestro caso, especialmente la inversión inmobiliaria– , que la mayor parte de los analistas resuelve con la creación de un "banco malo"; quién financie ese banco será, en el caso de adoptar esa solución, el nudo gordiano que llevará al éxito o fracaso de la medida adoptada; si al final es un gasto público, volveremos al mismo problema.
Una vez se encaucen las medidas urgentes, se podrá emprender la reestructuración de otros campos de la economía nacional: sector financiero, reforma fiscal y, la esperada desde hace tiempo, de algunos puntos del bloque constitucional –especialmente la ley electoral y la reforma o reconsideración del Senado–. Pero todas estas reformas necesitan de voluntad política y acuerdos que no serán posibles en muchos casos sin el consenso; la política educativa, la de innovación, reforma del Senado y, sobre todo, un auténtico y serio Plan Energético Nacional exigen el consenso entre los partidos mayoritarios.
La constante confrontación entre los partidos del Gobierno y de la oposición constituye la asignatura pendiente de la clase política española, y ha hecho de la vida política una guerra de desgaste –con beneficio importante para los nacionalistas– en vez de resolver lo conveniente para el interés general. Esta situación ha producido los últimos años el bloqueo de numerosas decisiones con el perjuicio correspondiente para la sociedad española; la falta de renovación del Tribunal Constitucional, o la elección del Director General de Radiotelevisión Española, han concitado las posturas más estáticas que se conocen en el marco constitucional; la confrontación partidista ha hecho irrespirable el clima político. La superación de esa confrontación y la voluntad política de hacer bien las cosas, facilitará la adopción de las medidas estructurales mencionadas incluso, si fuere necesario, llegando a pactos de Estado.
Este es el gran reto de la clase política: evitar la confrontación, lograr el consenso para las grandes decisiones de interés nacional y conseguir el cambio político que clama la sociedad española.