Las medidas de saneamiento y ordenación del sistema financiero presentadas este jueves por el ministro de Economía apuntan la dirección correcta, aunque no signifiquen, en rigor, una novedad con respecto a lo que el sector ya ha empezado a hacer por sí mismo: aflorar sus activos inmobiliarios ocultos y compactarse mediante un ciclo de fusiones. Lo que hace el Gobierno es acelerar el proceso de racionalización de la banca española, poniendo plazos y empujando a las entidades a mostrar sus activos inmobiliarios en su valoración de mercado y a fusionarse como condición para acceder al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
A corto plazo, el aumento de las provisiones, por valor de 50.000 millones de euros, supondrá una fuerte restricción del crédito a los hogares y las empresas, agudizando las condiciones de la recesión. Pero no hay alternativa a esta reforma acelerada del sistema bancario, si se quiere que España vuelva a ser una economía segura en la que invertir y a la que prestar dinero.
Las medidas de saneamiento obligarán a bancos y cajas a cubrir con 50.000 millones de euros sus activos ligados al crédito promotor, un volumen de inversiones en suelo, viviendas en construcción y viviendas terminadas cuyo valor total asciende a 323.000 millones de euros, de los cuales 175.000 millones son en suelo y viviendas sin terminar, es decir, activos calificados como problemáticos, y otros 148.000 están invertidos en viviendas acabadas, es decir, activos no problemáticos. El Gobierno obligará a las entidades a cubrir con provisiones adicionales y colchón de capital el 80 por ciento del valor del suelo, desde el 31 por ciento actual; el 65 por ciento del valor de las promociones inmobiliarias en curso, desde el 27 por ciento actual; y el 35 por ciento del valor de las viviendas construidas, desde el 25 por ciento actual.
Hay dudas razonables de que estas tasas de cobertura sean suficientes, particularmente en el caso del 35 por ciento para las promociones ya terminadas, pero parece claro que el aumento de las provisiones es indispensable para que los bancos asuman en su cuenta de resultados el valor real de sus activos inmobiliarios.
La otra gran medida anunciada por el ministro se refiere al plazo de cuatro meses dado a las entidades para que culminen el proceso de fusiones. Está claro que muchas entidades no aguantarán después de cubrir el valor de sus activos en el ladrillo con las nuevas provisiones exigidas por el Gobierno. El sentido del plazo para las fusiones es empujar a bancos y cajas a hacerlo cuanto antes. "Besar el sapo", llamaba Mark Twain a la primera tarea que realizaba cada día, que siempre era la más desagradable. El trago del ajuste bancario será amargo para todos, y cuanto antes se pase, antes volverá el crédito a la economía. Esta parece ser la receta que está detrás del plan del señor De Guindos. Nada que objetar.