Tras aquellos hechos vandálicos, cuando la turba integrada por unos dos mil alborotadores que rodeaba el edificio impidió que tanto las personas que permanecían en su interior pudiesen salir a la calle como que quienes ansiaban acceder a él lograsen hacerlo, en un muy comprensible acceso de rabia e indignación cívica, Jordi Turull ( no confundir con Josep Rull, su alter ego y pareja artística) manifestó que los lamentables acontecimientos habían constituido, literal, "un golpe de Estado encubierto". Contundente declaración, la de Rull, que quiso enfatizar aún más al añadir la siguiente coletilla: "Estas cosas pasan cuando se juega con fuego". Pero no solo Rull, el cuate de Turull, consideró en aquel instante que violación tan flagrante y tumultuaria de los principios básicos que inspiran nuestro ordenamiento constitucional era merecedora de la mayor repulsa y castigo posibles. Así, el propio Gobierno de la Generalitat decidió personarse en el caso contra los saboteadores del orden legal en calidad de acusación particular.
En concreto, los abogados del Ejecutivo de la Plaza de San Jaime solicitaron ante el tribunal penas de tres años de cárcel para cuatro de los instigadores de los desórdenes. Actitud mucho más dura y firme mantendría por su parte el propio Parlament de Cataluña, igualmente personado en la causa como parte acusadora. Al punto de que los colegiados que actuaron en la causa representando a la cámara autonómica reclamaron condenas de tres años para un total de veinte procesados. Tiempo después, cuando finalmente el Tribunal Supremo emitió su resolución definitiva sobre el asunto, condenando en firme a ocho de los cabecillas de la revuelta contra las instituciones a penas de tres años de prisión, el entonces portavoz de los independentistas de derechas en el Parque de la Ciudadela, Francesc Homs, clamó ufano: "La sentencia concuerda con el sentir mayoritario del pueblo de Cataluña". Por cierto, una sentencia, la que motivó el acoso de los llamados indignados a los diputados autonómicos allá por el mes de julio de 2011, que el Constitucional acaba de ratificar en todos sus puntos. Pero para los perroflautas filopodemitas, ¡ay!, para esos no hay indulto que valga. Siempre ha habido clases, ya se sabe.