Basta con darse una vuelta por el centro de cualquiera de nuestras ciudades y observar cómo los mejores edificios de las mejores calles los ocupan delegaciones de CCAA, concejalías de ayuntamientos y Cajas de Ahorro -poder político con otro disfraz-. En la Cataluña de los Pujol, esta situación se llevó al extremo. El Estado allí lo engulló todo asfixiando a la iniciativa privada. Esos edificios de lujo siempre los pagamos los ciudadanos. Si son en propiedad, se han comprado con el dinero de nuestros impuestos, y si son alquilados (es frecuente que se renten con gran sobreprecio) se están pagando con lo recaudado con nuestros tributos. Xavier Horcajo en su libro La pasta nostra dedica un capítulo a las labores de intermediación de Jordi Pujol Ferrusola en los alquileres de la Generalidad. Jordi "junior" lograba que el gobierno de su padre firmase contratos de alquiler de oficinas -de décadas de duración y muy por encima de precios de mercado- para instalar allí sus infinitas consejerías y agencias. Y no lo hacía gratis, presuntamente. El Estado nos quitaba nuestro dinero vía impuestos para pagar un enorme alquiler a un sujeto que pagaba presuntamente una enorme comisión a Jordi Pujol Ferrusola por hacer de conseguidor.
Contratar a miles de empleados públicos tipo Bibiana Aido –alto cargo de la Junta a los veintipocos años– o Anna Hernández –esposa de Jose Montilla y tenedora de 15 cargos públicos- ha lastrado siempre nuestras cuentas públicas hiriendo en esta crisis, casi de muerte, nuestra prosperidad. El capital que pagamos a estas dos afortunadas y a miles de especímenes similares nos lo quitan de nuestro bolsillo a los ciudadanos, impidiendo que gastemos en lo que nos plazca lo que tanto nos ha costado ganar. Yo quiero empezar con unos amigos una asociación privada que investigue Economía del Desarrollo junto con una universidad privada, pero no puedo hacerlo porque el dinero que he ganado que pensaba emplear en esta iniciativa me lo han quitado en impuestos para pagarle su sueldo público a Leire Pajin, a su madre, y al asesor del consejero de Cultura de Asturias, entre otros. El enorme talón que cada año le extiendo a Hacienda me impide disponer de fondos para enviar a mi hija a mejorar su inglés a Inglaterra para que en el futuro compita por las mejores becas internacionales de investigación.
Desde tiempos inmemoriales en España hemos tenido verdadera pasión por las administraciones obesas, mastodónticas, esperpénticas. Si a esto sumamos la escasa formación y la caradura de nuestros líderes políticos, los últimos 35 años obtenemos el cóctel letal que ha llevado al país a la UVI donde hoy día estamos sin perspectiva de bajar a planta. Nuestra enfermedad se llama Estatismo, esa tendencia a exaltar el poder del Estado –ayuntamientos y CCAA incluidas- sobre todo lo demás. Cada vez que nuestros gobernantes han tenido acceso a dinero -sea propio (como el oro que le llegaba de América a Felipe II) o prestado (como los millones de euros con los que Zapatero compraba apoyos entre sindicatos, prejubilados de postín y demás amiguetes) lo han empleado en hinchar el Estado, hacerlo artificialmente más grande y por supuesto más ineficiente.
El mejor ejemplo de esta enfermedad es el restaurante El Bulli a quien la Caixa (Estado disfrazado) sencillamente ha pagado por cerrar. El dinero que antes le dejaban los clientes individuales ahora se lo deja una institución pública. Es dramático, pero esta es la España moribunda que nos legó el zapaterismo y que Mariano está manteniendo con respirador artificial. Sabemos que hay un millón más de parados que hace un año, pero ¿cuántos empleados públicos se han despedido en las administraciones donde manda el PP? Ha llegado la hora de decir las cosas en voz alta. Por cada centímetro que avanza el poder político, la iniciativa privada -y por tanto la libertad- retroceden un metro.