El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones para el actor escocés Sean Connery en la pieza separada del caso Goldfinger, ligado a la recalificación de la casa que tenía el intérprete en esta localidad malagueña.
En la resolución, a la que ha tenido acceso Efe, se acuerda continuar la tramitación respecto a la mujer del actor, debido a que hay indicios contra la misma "en concepto provisorio".
A pesar de continuar el procedimiento contra Micheline Connery, en el auto el instructor reconoce que ella no negoció con el Ayuntamiento de Marbella nada ni participó en la elaboración del convenio.
El instructor de esta causa acordó el pasado mayo abrir una pieza separada relativa al matrimonio Connery con la que también pretendía reiterar una comisión rogatoria dictada en diciembre de 2010 en la que se pedía tomar declaración a ambos imputados en un plazo de seis meses.
Recalificación de "Malibú"
La investigación se centra en la recalificación de la parcela donde estaba el chalé "Malibú" de Sean Connery, en el que el actor y su esposa pasaron sus vacaciones hasta 1999, y sobre la que hoy hay 72 apartamentos de lujo en un edificio de cuatro alturas que se terminó entre el 2004 y el 2005.
La Fiscalía presentó en septiembre escrito de acusación contra dieciséis personas por el caso Golffinger, entre ellos, el cerebro del caso Malaya contra la corrupción, Juan Antonio Roca, y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, que se enfrentan a penas de ocho y cuatro años de cárcel, respectivamente.
Roca está acusado de dos delitos contra la ordenación del territorio, un delito continuado de fraude y cohecho pasivo y también se le piden siete millones de euros de multa e inhabilitación durante veinte años, según el escrito acusatorio, al que tuvo acceso Efe. A Julián Muñoz se le piden dieciocho años de inhabilitación y se le imputa por un delito continuado de fraude y dos contra la ordenación del territorio.
En el banquillo de los acusados también se sentarán algunos integrantes de un despacho de abogados, encargados de defender los intereses económicos de Sean Connery en España, y exconcejales del GIL.
En el caso de Goldfinger, la acusación pública considera que tanto Muñoz como Roca fueron "plenamente conscientes de su manifiesta ilegalidad" y que aprobaron el proyecto inmobiliario pese a la contrariedad de la normativa urbanística.