En mayo de este año, un senador del Partido Demócrata escribió un artículo en el Washington Post pidiendo que se empleara una ley diseñada para luchar contra el crimen organizado contra los científicos que se muestran escépticos frente a la teoría de que estamos ante un cambio climático catastrófico provocado por el hombre. En febrero, un congresista del mismo partido había iniciado una caza de brujas contra siete científicos y logró que uno de ellos, Roger A. Pielke Jr., decidiera abandonar este campo.
La propuesta de equiparar a los científicos escépticos con la mafia era tan descabellada que se quedó ahí. Pero el 20 de septiembre un grupo de 20 científicos del clima publicó una carta abierta al presidente Obama apoyando la idea del senador. Esto provocó numerosas críticas de los escépticos, quienes verían inadmisible que personas de ciencia quisieran utilizar una ley para prohibir posturas discrepantes.
La indignación ha sido suficiente como para llevar a algunos a investigar a los veinte firmantes. Ya que acusaban a los escépticos de actuar de forma conjunta con las multinacionales petroleras para engañar al público, ¿por qué no investigar de dónde conseguían sus fondos los científicos alarmistas que querían censurarlos?
Dicho y hecho, empezaron a examinar al primero de los firmantes, Jagadish Shukla, profesor de la George Mason que también dirige una organización llamada IGES (Institute of Global Environment and Society) dedicada a la investigación del cambio climático y en cuya página web fue publicada originalmente la carta abierta a Obama.
Tras una breve investigación, escépticos como el estadístico Steve McIntyre o el abogado Chris Horner han descubierto que el 98% de los fondos del instituto son públicos y que ha recibido del erario 63 millones y medio de dólares desde 2001. Y lo que es peor: en el instituto trabaja y cobra generosamente no sólo Shukla, incumpliendo la política de incompatibilidades de su universidad, sino también su mujer y su hija. El matrimonio se embolsó en salarios algo más de 800.000 dólares en 2013 y 2014 por su desinteresado esfuerzo en investigar el cambio climático. Ya se sabe que el dinero público nunca jamás puede influenciar la dirección de las investigaciones de un científico. Eso sólo sucede cuando es dinero privado.
Ante el escándalo de que alguien que acusa a los demás de lucrarse ilegalmente por sus posturas científicas estuvieran embolsándose semejante millonada, Shukla retiró la carta de la web y anunció que el IGES en realidad estaba en proceso de disolución, algo que de lo que nadie tenía noticia hasta el momento.
Todo este embrollo ha provocado el interés del congresista republicano Lamar Smith, presidente del comité del Congreso de Ciencia, Tecnología y Espacio, que ha advertido a Shukla que no elimine ningún documento ni correo electrónico del IGES, ya que previsiblemente le serán requeridos por el comité en una investigación sobre una posible infracción por haber usado fondos públicos para dedicarlos al activismo político. Es probable que dicha investigación se quede en nada, pero parece que Shukla se va a arrepentir de meter al Estado en una discusión científica.